CAMPAÑA
Los sindicatos agrarios ven aislados los pagos ilegales a temporeros
En cambio, UGT denuncia despidos y amenazas a los trabajadores por las protestas|| Los agricultores insisten en que no se les criminalice y piden evitar que se repita
Representantes de las organizaciones agrarias, sindicatos, inspección de Trabajo y Servei d’Ocupació, así como la subdelegada del gobierno, Inma Manso, se reunieron este martes en Lleida, en una reunión con carácter extraordinario de la Comisión Agraria, para analizar la marcha de la campaña de temporeros tras las protestas por bajos salarios en Serós y la Granja d’Escarp y todos coincidieron en calificar estos hechos de “casos aislados”, aunque se instaron a evitar que se repitan.
Inspección de trabajo no ha levantado ningún expediente tras las protestas en el Baix Segrià
Tanto Pere Roque, presidente de Asaja Lleida, como Jaume Pedrós, coordinador en Lleida de Unió de Pagesos (UP), lamentaron que se haya criminalizado a todo el sector por dos casos puntuales, cuando “el 99,9 por ciento de los empresarios de la fruta hacen bien su trabajo y tras 25 años de campañas de la fruta modélicas, no se pueden echar por tierra en dos días”. Además, remarcaron que Inspección de Trabajo no ha abierto expedientes por estos dos casos del Baix Segrià pese a estas protestas.
Por su parte, el representante de la sección de agroalimentación de UGT de Lleida, Antonio Rodríguez, aseguró que entre tres y cuatro temporeros de la fruta que participaron en las huelgas de Seròs y la Granja d’Escarp han tenido que irse a buscar trabajo en otras zonas como Aragón o cambiar de empresario al sentirse amenazados por haber participado en las protestas al reclamar que se les pagara el convenio del campo, y negó que ni UGT ni CCOO fueran los promotores de las protestas.
Rodríguez también manifestó que pueden ser casos aislados pero “son un toque de atención” para que no vuelvan a aparecer estas situaciones. Además, insistió en que en el Baix Segrià no existen alojamientos dignos para los temporeros y pidió a los ayuntamientos que “tomen nota” de algunos puntos donde los trabajadores del campo viven en condiciones muy precarias.