El campo mira hacia la UE

El sector agrario de Lleida está claramente implicado de la mano de las dos grandes organizaciones agrarias, Unió de Pagesos y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, en la defensa del derecho a decidir y la participación en importantes movilizaciones, como la del sábado en Barcelona. Desde ambas se es consciente de las importantes consecuencias que puede tener la declaración de independencia de Catalunya.

EL DATO. 8.175 EUROS > La ayuda media para los payeses de Lleida que cobran de la UE alcanzó los 8.175 euros el año pasado.

LAS CLAVES

Beneficiarios

. Un total de 19.936 agricultores y ganaderos de Lleida recibieron el año pasado algún tipo de ayuda directa de fondos europeos. Se trata de una cifra que va a la baja. En 2015, el número de payeses con primas alcanzó los 21.184. 

Fondos

. El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) cifra en 162,991 millones de euros las ayudas agrarias que llegaron a Lleida en 2016. De ellos, 141 correspondían al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, y los 22 restantes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En la primera de estas partidas se incluyen las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). 

Mercados

. Las ayudas agrarias, y más concretamente el mantenimiento de los fondos, son claves para el sector de Lleida, pero también lo es poder mantener las actuales reglas del juego en caso de exportaciones. En definitiva, que no se pueda ver mermada la capacidad de ventas en otros países, así como que no existe ningún boicot a sus productos. 

Y en especial de las posibles repercusiones en la aplicación de las ayudas comunitarias. Las instituciones europeas han advertido que cualquier nuevo Estado se debería poner a la cola y pedir su ingreso en la Unión, algo que desde el mundo independentista se descarta porque se considera prácticamente imposible que un territorio del peso económico que tiene el catalán pudiera quedarse al margen de la UE. Además, se defiende que una Catalunya Estado independiente podría disponer de todos los ingresos fiscales que recaudara, sin déficit fiscal, y, con ello, contaría con fondos para hacer política agraria. Para los agricultores ser o no ser miembros comunitarios tiene una importancia que en dinero directo se traduce en más de 160 millones de euros al año, que son los fondos que llegan vía ayudas comunitarias a la provincia.

El año pasado en concreto se rozaron los 163 millones de euros, según los datos oficiales del Fondo Español de Garantía Agraria. En 2016 fueron 19.936 los agricultores y empresas que consiguieron algún tipo de primas comunitarias, frente a los 21.184 de un año antes. De esta manera, la subvención media por agricultor se situó en los 8.175 euros. El grueso de las ayudas comunitarias corresponden a dinero del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), que con 141 millones cubrió el año pasado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Por ejemplo, estamos hablando de ayudas que reciben los cerealistas, los productores de vacuno o sectores claves en comarcas de Lleida como el aceite de oliva o el almendro. Es cierto que hay sectores tan importantes como el porcino que carecen de primas directas, aunque cuenten con sistemas de apoyo en casos de crisis como para almacenar carne o favorecer las exportaciones. Pero también es verdad que sus animales se nutren en parte de piensos producidos con cereales que sí han sido primados por la UE. En la fruta apenas quedan reminiscencias de ayudas pasadas, pero salen de los fondos europeos capitales importantes para las llamadas organizaciones de productores o para financiar retiradas de fruta del mercado en caso de crisis de precios de mercados, como desgraciadamente ha vivido en los últimos veranos el sector productor de melocotones, nectarinas y paraguayos.

Montoro intervino las cuentas catalanas, pero los fondos europeos, en principio, están al margen

Los otros casi 22 millones de capitales que llegaron el año pasado de la UE correspondieron al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Es esta una línea financiera, únicamente en gestión compartida, dirigida a los programas de desarrollo rural.

De la defensa de la gestión a la intervención de fondos Hace ya semanas, antes incluso del referéndum del 1 de octubre, que el ministerio de Hacienda ha endurecido el control de las finanzas de la Generalitat, lo que vino a denominarse como la aplicación del “155 económico” por parte del ministro Cristóbal Montoro. El 22 de septiembre, la conselleria de Agricultura que dirige Meritxell Serret afirmaba que su departamento es el organismo pagador reconocido de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y como tal se definía como “a punto para poder hacer efectivas” las primas a los payeses catalanes y más en concreto el anunciado adelanto del 70% de las mismas. Decía estar a punto “para que el dinero que la Unión Europea destina a los agricultores catalanes puedan hacerse efectivos, cuando se disponga de estos fondos”. Por su parte, este pasado viernes, el ministerio de Agricultura se dijo preparado para resolver por su cuenta y afrontar los pagos de las ayudas europeas que hayan sido concedidas en 2017 a beneficiarios catalanes, en el caso de que el Parlament aprobase una declaración unilateral de independencia.  Los fondos de ayuda europeos relacionados con el ministerio de Agricultura estarían en principio excluidos de la intervención del ministerio de Hacienda sobre las cuentas catalanas.