La Unión Europea renueva por cinco años más el uso del glifosato

La Unión Europea (UE) logró ayer finalmente, tras varios encuentros sin consenso, un acuerdo para la renovación por un periodo de 5 años de la licencia del herbicida glifosato, con el respaldo de 18 países y a apenas dos semanas de que expire su autorización actual, el próximo 15 de diciembre. El glifosato es el herbicida más utilizado en la agricultura no solo en Catalunya sino prácticamente en todo el mundo para la eliminación de malas hierbas.

Los expertos del comité de apelación de la Comisión Europea emitieron “una opinión favorable” con mayoría cualificada, que exige el apoyo del 55% de los países, que representen el 65% de la población, sobre la propuesta de la Comisión Europea, informaron fuentes comunitarias. La falta de acuerdo entre los países el pasado 9 de noviembre obligó a convocar ayer una reunión de este comité, un escalón superior en los procedimientos de decisión al que se recurre cuando no se logra un acuerdo en el comité ordinario, y en un contexto de fuerte oposición ciudadana al uso del herbicida.

Frente a una propuesta inicial para renovar la licencia durante la próxima década y ante una evaluación de la Eurocámara, que pedía la eliminación progresiva de la sustancia de aquí a 2022, la Comisión rebajó el texto a cinco años, aunque este sigue sin convencer a nueve países miembros, que votaron ayer en contra, ni a Portugal, que se abstuvo.

Respecto a la última votación, la mayoría fue posible gracias al cambio de posición de Alemania, Polonia, Bulgaria y Rumanía, que se abstuvieron en la última reunión, y dieron ayer luz verde a la propuesta de la CE. Además, votaron a favor España, Dinamarca, la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. votaron en contra Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria.

El glifosato lo usan multinacionales como Monsanto, en uno de sus productos más extendidos, el “RoundUp”, cuya seguridad cuestionan los ciudadanos que han llevado el caso a los tribunales en EEUU.