Alud de críticas a Bruselas por sus líneas para reformar la PAC con aires renacionalizadores

La Comisión Europea presentó ayer un documento que dibuja las principales orientaciones y objetivos de la Política Agraria Común (PAC) para después de 2020, que estará centrada en la simplificación de las normas y en una mayor flexibilidad y que plantea la elaboración de planes estratégicos estatales que deberán recibir el visto bueno de Bruselas y establecer límites máximos obligatorios en los pagos directos, entre otras cuestiones. El documento ha provocado un alud de críticas por parte de las organizaciones agrarias y cooperativas al considerar, entre otras cosas, que comportará nuevas reducciones de la renta agraria, no apoya lo suficiente a la agricultura productiva, deja sin concretar con qué presupuesto contará o carece de medidas para la agrupación o asociacionismo del sector.

El texto incide en que las propuestas concretas no llegarán hasta después de mayo de 2018, cuando Bruselas haya presentado su planteamiento para el marco financiero plurianual de la UE a partir de 2021.

El documento tiene como objetivo la simplificación de las normas y una mayor flexibilidad. Además, remarca que la PAC después de 2020 tendrá que “liderar la transición” hacia una agricultura sostenible, fortalecer la resistencia del sector en momentos de crisis, acomodarse a las innovaciones digitales e impulsar las áreas rurales.

Plantea que los Estados tengan que elaborar “planes estratégicos” nacionales que desarrollen acciones para “maximizar su contribución” a los objetivos y prioridades de la UE en materia agraria y a sus metas climáticas y energéticas particulares. Este enfoque, señala Bruselas, ayudará a tener en cuenta las condiciones y las necesidades locales de cada país y la Comisión tendrá que dar su visto bueno a los documentos estatales. El comisario de Agricultura Phil Hogan, enfatizó que esta propuesta no busca en ningún caso “renacionalizar” la PAC, sino facilitar cumplir objetivos agrarios y medioambientales.

La Comisión garantiza que se mantendrán los dos pilares de la PAC y que el apoyo a los payeses seguirá siendo a través del sistema de pagos directos. No obstante, reconoce “preocupaciones comprensibles” en términos de eficiencia económica y equidad social porque el 20% de los productores recibió el 80% de los pagos en 2015. Su compromiso es buscar cómo hacer que los pagos directos sean más efectivos y estén mejor orientados para apoyar los ingresos de los agricultores. Propone una lista “no exhaustiva” de posibilidades a estudiar, como establecer un límite obligatorio para los pagos directos “teniendo en cuenta la mano de obra para no provocar efectos negativos en el empleo”. Pero el texto no detalla ninguna cifra. Otros planteamientos son la instrucción de pagos regresivos para reducir el apoyo a las explotaciones más grandes, reforzar el enfoque redistributivo de los pagos para incrementar el apoyo para pequeñas y medianas y garantizar ayudas a los verdaderos agricultores centrándose en aquellos que en los que su actividad es su modo de vida.

Sin solución para las rentas ni el mercado, denuncian

Las reacciones a las propuesta de la Comisión Europea no se han hecho esperar. UP considera que supondrán un fuerte recorte de las rentas de la agricultura catalana, ya que comportarán un sustancial incremento de la competencia desleal en el mercado único y ante las importaciones de países terceros. Cree que dificultarán que el sector haga frente a los retos de la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos y el crecimiento. Desde JARC-COAG, piden centrarse en el agricultor profesional y se quejan de que “cada vez se dedican más recursos a la llamada agricultura de mantenimiento (ligada a la conservación del territorio-ambientalista), pero no se dan cuenta que si la gente no se puede ganar la vida eso no tiene futuro”. Asaja reclama estabilidad de rentas y de mercados para los agricultores y consumidores europeos frente a las incertidumbres políticas y presupuestarias. Por su lado, la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de Catalunya critica la “inexistencia de medidas para la agrupación del sector”. Además, considera que “la Unión Europea consolida el desequilibrio de la cadena de valor, tampoco mejora la gestión del mercado y no favorece la incorporación de jóvenes”.