Fruits de Ponent sienta hoy en el banquillo a la CE por la crisis de precios de la fruta de 2014

Tres socios de Fruits de Ponent defenderán hoy ante el Tribunal General de la UE la demanda presentada contra las decisiones adoptadas por la Comisión Europea para hacer frente a la crisis de precios de la fruta dulce y a las consecuencias del veto ruso a las importaciones de estos productos en el verano de 2014 y que les ocasionaron unas pérdidas que han cuantificado en 312.434,56 euros. El recurso ante el Tribunal, interpuesto en junio de 2016 por el bufete Roca Junyent, reclama condenar a la CE a reparar el daño sufrido por los demandantes al adoptar unas medidas para evitar las perturbaciones de los mercados de melocotones y nectarinas en 2014 que considera tardías, ineficaces, inadecuadas y donde, afirma en la demanda, “existe un vínculo causal entre dicho perjuicio y la actuación ilegal de la Comisión”. Además, considera que la alta institución de la UE adoptó unas decisiones “sin recabar información ni datos adecuados de la situación del mercado”.

En la demanda, a la que ha tenido acceso SEGRE, se recuerda que en el verano de 2014 se desencadenó una crisis de precios en el sector de la fruta dulce por tres factores: una sobreproducción y un avance de la cosecha; un clima especialmente lluvioso y frío en julio que retrayó el consumo, factor que se agrava en esta producción por la imposibilidad de guardar en cámaras estos productos por mucho tiempo y, en tercer lugar, la adopción de sanciones a Rusia por su intevención en Crimea y que provocó la respuesta rusa, a partir del 7 de agosto de 2014, prohibiendo la importación de melocotones y nectarinas de la UE, causando el definitivo colapso del mercado.

La campaña se solapó en zonas productoras, el consumo cayó y Rusia cerró sus fronteras

Pese a que en junio ya se advirtió una caída significativa de los precios y se comenzaron a exigir acciones inmediatas y que el grave impacto del veto ruso ya se analizó antes incluso de que se hiciera efectivo, las medidas adoptadas por la Comisión, y anunciadas el 11 de agosto de 2014, no entraron en vigor hasta el 29 de ese mismo mes. Fundamentalmente, la CE ampliaba la retirada de fruta del mercado del 5 al 10% de la producción, abría esta medida a todos los productores, estuvieran o no agrupados, y abogaba por campañas de promoción para incentivar el consumo.

Estas medidas de la CE fueron, para los demandantes, inadecuadas e ineficades debido “a la complejidad de los procedimientos, el pequeño tamaño de los afectados y la insuficiencia financiera” de estos, añadiendo que estas retiradas cofinanciadas por un importe de 26,9 céntimos/kg (el 50% si el productor no está agrupado en una OPFH) llegaron con el 75% de la cosecha ya finalizada.

Por toto esto, ya en 2015 sindicatos agrarios y cooperativas instaron a demandar a la Comisión aunque finalmente fue Fruits de Ponent la que llevó adelante este proceso. Fuentes de Fruits de Ponent restan importancia a este hecho y aseguran que “si se acepta la causa-efecto entre la acción u omisión de la CE y el perjuicio de los productores, se beneficiará a todo el sector y esperamos que se revisen unos mecanismos que no funcionan”.

"queremos abrir una vía que beneficie a todo el sector"

“Si logramos que los jueces vean el daño que se causó a todo un sector con el veto ruso y unas medidas insuficientes, abriremos la puerta para que todos se sumen a la exigencia de una reparación”, aseguraban fuentes de Fruits de Ponent. “El daño causado es indiscutible y una sentencia favorable creará la jurisprudencia a la que otros podrán acogerse para reclamar resarcirse de las pérdidas del 2014”, añadían las fuentes.

Según un balance presentado en su día por las organizaciones agrarias, la campaña de la fruta de 2014 fue especialmente desastrosa para los productores de fruta dulce de Lleida, con unas pérdidas estimadas de 190 millones de euros, fruto de unos ingresos de cerca de 130 millones de euros frente a unos costes de 320 millones. Si bien en junio ya se apuntaba a una campaña “difícil” al solaparse la producción de Italia con la de España así como las de las diferentes zonas productoras de la península, julio fue especialmente malo para la comercialización al registrarse unas temperaturas especialmente bajas para la época del año, lo que retrayó el consumo. Con este panorama ya crítico para este sector productor, la intervención rusa en Crimea y la respuesta, en forma de sanciones, de la UE, llevó a un veto de Rusia a las importaciones de fruta dulce comunitaria que provocó que muchos productores se encontraran sin mercado para más del 25% de una producción que en un 75% ya había sido recolectada.

Tres jueces para dirimir conflictos entre ciudadanos y la Unión Europea El Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, está formado por 46 jueces (al menos uno por estado miembro) y es competente, entre otros temas, para juzgar los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas de la UE contra actos o decisiones de las instituciones europeas que les hayan afectado y, como es el caso de los tres socios de Fruits de Ponent, aquellos recursos destinados a obtener la reparación de daños causados por éstas. Los asuntos de este Tribunal se sustancian en salas compuestas por tres o cinco jueces y las sentencias suelen demorarse por tres meses, pudiendo recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la UE.