Crítica por los alojamientos y más contratos en origen para la fruta

La campaña de la fruta arranca con la misma polémica con la que acabó la anterior, con denuncias de UGT y CCOO de deficiencias o incluso falta de alojamientos para temporeros, mientras que las organizaciones agrarias insisten en que los fruticultores profesionales tienen normalizada la temporada. Ayer tuvo lugar en la subdelegación de Gobierno la primera de las reuniones preparatorias de la campaña y los representantes de los payeses calculan que las necesidades de mano de obra serán similares al año pasado pese a la caída de la producción, estimada en torno a un 11%. Puede haber menos cosecha, según JARC, pero de mayor calidad y las necesidades de empleo serán similares o algo inferiores. UP insiste en que el sector cumple la legislación, pero aboga por más ayudas de la administración para rehabilitar y hacer más alojamientos si es necesario. Asaja destaca el bajo índice de irregularidades en la campaña, aludiendo a que solo se abrieron el año pasado 2 actas de infracción por temas relacionados con salarios en 125 visitas a campos y centrales. En total, Inspección levantó 23 actas frente a 15 del año anterior. Diez eran por faltas de alta a la Seguridad Social y 7 por contratación irregular de extranjeros, según la subdelegación. Todo ello tras la identificación en las visitas de 581 de los 22.000 trabajadores de la campaña.

UGT y CCOO consideran que se ha llegado tarde, una vez más en su opinión, para afrontar los posibles problemas de la campaña y por ello la subdelegada, Inma Manso, espera empezar el próximo año a trabajar en la ordenación de la misma en enero. La contratación en origen, fundamentalmente de colombianos, cerró la pasada campaña con 370 trabajadores y ahora ya se han presentado 402 solicitudes, aunque la previsión es que se llegue a 450 temporeros. Tienen derecho a venir siempre que ya hayan trabajado en la campaña dos años consecutivos. En caso de más necesidad de mano de obra, teniendo en cuenta los problemas de encontrar personal que ya se aprecian en sectores como los de la hostelería (ver SEGRE de ayer), no se descarta ampliar los permisos que tienen al menos parte de los 10.000 magrebíes contratados en origen en Huelva. Manso remarcó que corresponde a los servicios sociales de los ayuntamientos velar por facilitar un alojamiento a aquellas personas temporeras que llegan en verano, supuestamente para buscar trabajo en la fruta y que, al no conseguir, se ven obligadas a dormir en la calle.