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POLÍTICA AGRARIA

Jordà plantea que la UE o Madrid paguen el arranque de frutales

Calcula que costaría 10 millones a las arcas de Bruselas || Pide al ministerio que abone ayudas atrasadas a los frutos secos y siete millones de fondos del PDR

La consellera y el ministro en su reunión ayer en Madrid.

La consellera y el ministro en su reunión ayer en Madrid.MINISTERIO DE AGRICULTURA

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La consellera de Agricultura, Teresa Jordà, apuntó ayer que si la Unión Europea no hace efectivos los diez millones de euros que cuesta un plan de arranque de 2.000 hectáreas de frutales de hueso en los próximos dos años, debería hacerse cargo el ministerio. Así lo explicó la conselleria tras el encuentro que mantuvieron ayer en Madrid Teresa Jordà con el ministro, Luis Planas. En esta primera reunión entre ambos, la consellera se interesó por el estado del plan de arranque.

“Se trata de 80.000 tonelada de fruta que se deberían retirar del mercado catalán”. El ministerio, por su parte, dijo que Planas y Jordà coincidieron en la necesidad de acciones que puedan corregir el desequilibrio existente en el mercado entre la oferta y la demanda. La máxima responsable de la política agraria catalana aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa la aceleración del traspaso de 7 millones de euros del fondo del Plan de Desarrollo Rural (PDR) que se aprobaron en la conferencia de comunidades autónomas de julio.

También reclamó el pago de los importes pendientes de la ayuda estatal a los frutos secos de los años 2015 y 2016, que aún no se han hecho efectivos. En relación a los costes del regadío, Teresa Jordà volvió a reclamar al ministerio que haga las gestiones necesarias para que la potencia eléctrica contratada por las comunidades de regantes pueda ser variable según la época del año, en función de las necesidades de agua de riego.

La conselleria recordó que el coste de la potencia incrementa los gastos del riego, ya que es un importe fijo, que depende de la potencia eléctrica contratada y que se paga también en los meses que no se riega. Según las cifras aportadas por el propio departamento de Agricultura, la modificación de potencias representaría un ahorro para el regante de entre un 40 y un 50% anual. Buena parte de la reunión entre ministro y consellera estuvo dedicado a la reforma de la Política Agraria Común, capítulo en el que la Generalitat reclama la regionalización de los fondos y que los planes estratégicos se establezcan a nivel territorial.

Su objetivo, afirma, es poder hacer una gestión más eficaz de las ayudas. Al mismo tiempo, la conselleria recoge la demanda de las organizaciones agrarias de que quien reciba las ayudas de forma prioritaria sea el agricultor profesional. El ministro coincidió en la necesidad de defender un presupuesto razonable para la futura PAC. Dijo que ahora están trabajando por un consenso con las autonomías y organizaciones agrarias para ir con una sola voz a negociar en Bruselas.

Cuando la nueva PAC sea una realidad, será el momento de establecer, en opinión del ministerio, las modalidades de su aplicación en España y también de definir lo que calificó de agricultor genuino o joven agricultor. La preocupación del sector hortofrutícola español por los efectos del “Brexit” se han disparado ante la profusión de noticias negativas sobre el desarrollo de las negociaciones al más alto nivel entre Bruselas y Londres.

Así lo explica la patronal de exportadores del sector Fepex, de la que forma parte la catalana Afrucat, tras recordar la importancia de Reino Unido para el sector español donde se exportaron frutas y hortalizas por valor de 1.711 millones de euros en 2017, el 13% del total, constituyendo el tercer mercado de destino. Como ha publicado SEGRE, Lleida se juega unos 92 millones de euros en exportaciones con el “Brexit”, de los que más de 25 solo corresponden a ventas de frutas de hueso. A ellas se suman casi otro tanto en aceite de oliva.

Fepex considera que los planes de contingencia que están adoptando las empresas no serán suficientemente eficaces para afrontar las perturbaciones que pueda producir la falta de acuerdo. Por ello, solicitará a las administraciones competentes que adopten planes de contingencia para evitar que los futuros posibles controles fronterizos y medidas fitosanitarias afecten negativamente a la logística y para afrontar con eficacia las distorsiones que se puedan producir en los mercados comunitarios.

También existe preocupación en el sector por el comportamiento que pueda adoptar el mercado británico mediante un reforzamiento de la preferencia nacional y una política de sustitución de importaciones.

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