Trabajo exige 4 millones a Vall Companys por cotizaciones de falsos autónomos en Avidel

Inspección de Trabajo reclama a Vall Companys el pago de 4 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social de 180 personas que trabajan en su matadero de pollos, Avidel, pero que lo han venido haciendo en los últimos cuatro años como falsos autónomos de la cooperativa Servicarne, según denunció ayer CCOO. El sindicato afirma que el importe que llegará a reclamarle la Inspección en el conjunto del Estado por hechos similares en otras empresas del grupo superará los 50 millones de euros. Citó el caso de Cárnicas Cinco villas y Pondex en Aragón, Frimancha y Frival en Castilla la Mancha y Patel en Catalunya.

El sindicato asegura que Inspección ordenó el alta de oficio de los 180 trabajadores de Avidel, pero que Vall Companys, que ha recurrido la decisión no la estaría acatando. CCOO afirma que ha traspasado a 60 de estas personas a la empresa de multiservicios TQ, mientras que el resto se encuentran en un limbo, dado que aparecen como cotizantes en el régimen general y, al mismo tiempo, como autónomos. En esta línea, cifró en solo 44 los empleados en plantilla en el matadero. Fuentes de la empresa, por su parte, apuntaron que en Lleida cuenta con 90 cooperativistas contratados del total de trabajadores del grupo en la provincia, que cifra en 800.

El sindicato cifra en 180 las altas a la Seguridad Social a las que está obligado el grupo en Avidel

Mientras, el sindicato asegura que Vall Companys facturó en 2016 un total de 1.501 millones de euros y que solo cifraba en 100,2 millones sus gastos en personal, que sería propio, y otros 239 en contratación externa.

En este contexto, amenazó con la convocatoria de una huelga en el grupo en noviembre si no se revierte la situación y se acaba con los falsos autónomos que, insiste, se ven forzados a jornadas de más de doce horas y sin los derechos del personal en plantilla.

Por otra parte, el sindicato ha puesto en marcha la campaña ‘el semáforo’, con el objetivo de sensibilizar e informar a la sociedad sobre qué empresas y qué productos cumplen con los criterios de seguridad y “justicia social”. Pedirá el apoyo de la distribución y de los consumidores finales para que no compren sus productos.

El Grupo Vall Companys defendió ayer que actúa conforme a la legislación estatal sobre cooperativas de 1999 y las correspondientes a las comunidades autónomas, al tiempo que ha colaborado “desde el minuto uno” con la Inspección de Trabajo. “Vall Companys es un grupo empresarial referente en el sector y lo es en todos los sentidos, también en el legal”, añadió. Aseguró que las condiciones económicas con las empresas subcontratadas están por encima de lo que marca el convenio del sector.

En este sentido, considera que “estamos ante un cambio repentino de criterio por parte de la administración. No es coherente que el modelo sea considerado ilegal de un día para otro”. Además, alude a hasta 22 sentencias del Tribunal Supremo y Superiores de Justicia de diferentes comunidades autónomas que avalan, dice Vall Companys, el modelo de uso de cooperativas de trabajo asociado en el sector.

El grupo defiende que las contratas cobran por encima del convenio