Los agricultores miran a Europa

Las organizaciones agrarias han lanzado durante esta campaña a las elecciones europea propuestas a las diferentes fuerzas políticas para alcanzar una reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 que esté dirigida a los profesionales agrarias, con una revisión de los acuerdos comerciales para luchar contra la competencia desleal y con una defensa de la procedencia de los productos utilizando un etiquetado que informe al consumidor de la procedencia del producto. Gane quien gane el próximo 26 de mayo, el recorte de fondos para materias de agricultura y ganadería está casi asegurado con un descenso de las ayudas directas de un 7,3%.

Desde Unió de Pagesos claman que la PAC reserve sus pagos a los agricultores profesionales, es decir, los que perciben al menos un 25% de sus ingresos de la actividad agraria, con la excepción de aquellos que cobren una ayuda anual de 1.250 euros o menos. En esta línea se mueven también ASAJA, que busca que los beneficiarios de estas ayudas sean productores y ganaderos. JARC por su parte, matiza que estos ingresos deben ser de al menos un 50% de la actividad económica.

Entre las medidas que defienden el sector agrario destaca la de la regulación de mercados con un etiquetado claro que garantice la procedencia de los productos y que permita a los consumidores estar informados y apostar por un consumo responsable que ponga de manifiesto la labor de agricultores y ganaderos y permita reconocer los procesos de producción de terceros países teniendo en cuenta las limitaciones que impone la UE. También buscan una mejor gestión en las crisis de los mercados europeos y que se simplifique la burocracia para acceder a las ayudas más rápido.