La Generalitat abre dos expedientes en Lleida por etiquetar mal la fruta

La Agència Catalana del Consum efectuó 14 inspecciones en las comarcas de Lleida entre noviembre de 2018 y el mes pasado en el marco de una campaña para controlar el correcto etiquetaje de frutas y hortalizas, el 10,5% de todas las llevadas a cabo en el conjunto de Catalunya. Únicamente en dos de las actuaciones este organismo dependiente de la Generalitat decidió abrir expediente sancionador contra sendos establecimientos leridanos por incumplimientos en la normativa de etiquetaje de frutas y hortalizas. El resto de inspecciones acabaron siendo archivadas. A nivel catalán, se efectuaron 133 inspecciones en establecimientos. En este sentido, en el 91% de los casos, un total de 122, los funcionarios detectaron irregularidades en las etiquetas. Sin embargo, solo en 26 casos el procedimiento ha terminado en una apertura de expediente sancionador, ya que, en los 96 establecimientos restantes, los responsables atendieron a las reclamaciones efectuadas por los inspectores de consumo. Con todo, durante la campaña, se chequearon 7.500 etiquetas de frutas y hortalizas. El 24,2% de estos productos presentaban deficiencias en el cumplimiento de la información dirigida a los consumidores. En términos relativos, las tiendas de alimentación fueron las que concentraron un mayor porcentaje de infracción de la normativa, con un 35,7% de incumplimientos. En las antípodas, los supermercados únicamente registraron un 2,5% de inspecciones desfavorables. Mientras, en el caso de los mercados municipales, el 20,1% de las actuaciones detectaron incumplimientos. La directora de la Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad, manifestó ayer que esta campaña supone “un antes y un después” en lo que respecta al cumplimiento de la normativa de etiquetaje. Además, dijo que es “importante” que ciudadanos, establecimientos y agentes económicos entiendan que el derecho a la información, que pasa por un etiquetaje correcto, forma parte de los derechos del consumidor. Al hilo de esto, la normativa actual exige que el producto esté etiquetado con su denominación comercial, precio por unidad de medida, zona de origen y, en ciertos casos, variedad, categoría y calibre.