Ayuntamientos leridanos piden poder contratar temporeros irregulares en la campaña de la fruta

Más de una treintena de ayuntamientos de las comarcas del Segrià y la Noguera piden al Estado que haga posible la contratación de temporeros que se encuentran en situación irregular durante la campaña de recogida de la fruta. Una cuarta parte de estos consistorios ya han aprobado mociones en este sentido en sus plenarios municipales y este viernes se han encontrado con el subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, acompañados de representantes de Asaja, Unió de Pagesos, JARC, la Plataforma para la defensa de la fruta y Afrucat. Crespín ha dicho, sin embargo, que esta propuesta es "inviable" con el actual marco normativo de extranjería, mientras que los alcaldes han asegurado que puede haber un "encaje" por|para algunos casos concretos.

El alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerra, como portavoz del resto de ayuntamientos que han asistido al encuentro, ha explicado que, a pesar de la situación de paro que hay en la demarcación de Lleida, fue muy difícil encontrar gente que quisiera trabajar recogiendo fruta durante la pasada campaña. Por este motivo, y teniendo en cuenta que los consistorios tienen que resolver las problemáticas sociales" que puedan tener los temporeros que llegan a sus municipios, cree que hay que encontrar "soluciones" para hacer posible que las personas que están en situación irregular y que no tengan órdenes de detención o expulsión puedan obtener un permiso de trabajo.

Ezquerra ha explicado que la demanda de los ayuntamientos pasa por hacer posible que estos temporeros puedan enlazar contratos de tres meses. Además, ha añadido que el subdelegado del gobierno del Estado en Lleida, José Crespín, loes ha transmitido la voluntad de buscar algún "encaje", sin cambiar la ley, en colectivo concretos, como el de las personas que provienen de países donde se están produciendo conflictos bélicos o los MENA. Finalmente, ha dicho que espera que alguna de estas medidas pueda ser una realidad de cara a la próxima temporada agrícola.

Mientras, Crespín ha avanzado que la propuesta es "inviable", porque ha asegurado que así lo impide el actual marco normativo en materia de inmigración. También ha querido dejar claro que para hacer frente a la crisis que sufre el sector de fruta dulce hace falta que las diversas administraciones implicadas actúen de forma "corresponsable" y se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Agricultura medidas como la reducción de los módulos agrarios o de las cuotas de la Seguridad Social, en el marco de una reunión que tendrá lugar en enero.

Por su parte, Ezquerra ha afirmado que la problemática de la fruta dulce no sólo afecta al agricultor, sino que también puede tener consecuencias para otros tipos de empresas de servicios que están vinculadas.

Después del encuentro con el subdelegado del gobierno del Estado en Lleida, tienen previsto hacer llegar sus demandas al delegado del Govern, Ramon Farré, y a la oficina de la Comisión Europea de Barcelona.