Un eslabón muy débil

El ministerio de Agricultura promete cambios en la normativa como vía de solución de los problemas del campo. Pero el sector advierte que la clave es el veto a precios por debajo de costes

El sector agrario de todo el Estado se encuentra en pie de guerra, porque los problemas no se circunscriben a la fruta, que lleva desde 2014 cerrando campaña tras campaña en número rojos, sino que se repite en el caso de los cereales, el aceite de oliva y un largo etcétera. Desde el ministerio de Agricultura se lleva semanas anunciando cambios urgentes en la ley de la Cadena Alimentaria como una de las vías de solución. Pero el problema es que esa cadena tiene un eslabón muy débil, los productores, frente a otro con un claro poder a la hora de la fijación de los precios, como es la gran distribución.

El ministerio quiere obligar a incluir el coste de producción como factor para establecer los precios

El precio para el payés de Lleida de los melocotones ha caído hasta un 65% en los últimos diez años

La clave, advierten agricultores y ganaderos, es que se vete la posibilidad de que las grandes empresas puedan forzarles a comercializar sus frutas, por poner solo un ejemplo, sin ni siquiera haber podido cubrir los costes de producción. Hace diez días, el ministro, Luis Planas, dijo que trabajan en el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (con la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales), la regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios (conocido como venta a pérdidas), la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos. Pero cuando se habla de venta a pérdidas no aclara dónde está la frontera. Hoy está prohibido, como norma general, que la distribución venda productos a precios inferiores a los que los ha comprado. Es una forma de impedir que se utilicen ciertos artículos como reclamo. Pero desde la Administración central se ha venido insistiendo en los últimos años en que no se puede obligar a precios mínimos, porque eso supondría saltarse las normas de la competencia. El problema es que la competencia cuando hablamos de la cadena agroalimentaria es la de David contra Goliat, pero en este caso está muy claro que no está ganado David.

Para muestra, un botón. El precio de la fruta de hueso al payés ha caído hasta un 65% en diez años. Una nectarina Big top que un payés podía cobrar a 0,6325 euros el kilo en 2009, apenas ha estado valorada a 0,2173 el verano pasado. Todo ello, además, cuando los costes se han disparado: en una década el gasóleo agrícola se ha disparado un 36% y la mano de obra un 15% solo en 2019 como efecto de la revalorización del salario mínimo interprofesional. En el caso de los productores de fruta advierten que salvar el negocio o acabar dejando las fincas es de 20 céntimos de euro por kilo.

El ministro Planas también recalca el compromiso del Gobierno para defender el presupuesto de la futura PAC, una política fundamental para el mantenimiento de las rentas de agricultores y ganaderos, y para que puedan afrontar los nuevos retos ambientales y de lucha contra el cambio climático. Pero en este capítulo los agricultores también ven más nubes que sol en el horizonte (ver texto adjunto).