Agricultura anuncia multas por vender a pérdidas y el campo exige fijar los costes de producción

La reforma de la ley de la Cadena Alimentaria prevé sanciones de 100.000 euros para distribuidores que vendan por debajo de costes, una cifra que puede llegar al millón en caso de reincidencia. Las organizaciones agrarias consideran que el decreto ley es insuficiente, entre otros puntos, porque no se aclara quién establece los costes.

Agricultores y ganaderos reclaman medidas que no se queden en un cambio legislativo, sino que resuelva de verdad el que es el drama de muchos de ellos: producir alimentos de calidad y verse obligados a perder dinero con ellos al venderlos por debajo de costes. Representan con la distribución la imagen de David contra Goliat. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que modifica la ley de la Cadena Alimentaria, con la que el titular de Agricultura, Luis Planas, pretende reforzar y reequilibrar una relación desde el agricultor y el ganadero hasta la distribución, pasando por la industria, en la que los productores representan el eslabón más débil. Desde las organizaciones agrarias apuntan que la música de la reforma va en la buena dirección, pero advierten que solo es un primer paso e insuficiente. Por ello, las organizaciones mayoritarias en el sector del Estado (Asaja, COAG y UPA) han decidido mantener las movilizaciones tras reunirse ayer por Planas.

Entre las lagunas denuncian el hecho de que no queda claro quién marca cuáles son los costes de producción por debajo de los cuáles no se puede vender. En rueda de prensa, Planas habló de costes pactados entre vendedor y comprador. El ministerio, luego, apuntó que publicará en su web una serie de precios de referencia pero que en ningún caso jugarán un papel arbitral, sino que la valoración económica de los costes dependerá del mutuo acuerdo entre comprador y vendedor. El responsable de JARC-COAG del sector frutícola, David Borda, calificó el texto aprobado por el Consejo de Ministros y cuyas líneas maestras publicó ayer SEGRE, es “mucho ruido y pocas nueces, una nueva cortina de humo”. Criticó que no se aclaren unos precios mínimos, cuando, dijo, la Administración sí impone costes como el salario mínimo, entre otros. Además, se refirió a los contratos por escrito que deberán firmar las partes. Se quejó de que no se cree un registro de los mismos, para evitar picarescas y del hecho de que, apuntó, queden fuera las cooperativas y organizaciones de productores.

Agricultores y ganaderos exigen que se aclare que deben ser ellos quienes establezcan los costes

En nombre de Asaja de Lleida, su presidente, Pere Roqué, consideró que el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros “es un primer paso, pero no lo que desea el sector”. En su opinión, es clave aclarar quién puede fijar los costes de producción de productos agrícolas o ganaderos. Al igual que Borda, se quejó de que sigan pendientes otras demandas de carácter fiscal y de gastos sociales que reclama el campo. En concreto, exige reformar de los módulos del IRPF y de la Seguridad Social. Borda también insistió en la demanda de créditos sin interés

Poco antes de que comenzara en Madrid la reunión del ministro Planas con las organizaciones agrarias, Unió de Pagesos hizo su valoración de la reforma, que también calificó de insuficiente. Considera que crea inseguridad jurídica en cuanto a la regulación de los precios basados en los costes. La organización mayoritaria en Catalunya considera que no estará exenta, dijo, del control judicial europeo. En su opinión, se ha vuelto a desaprovechar la ocasión para que la Administración pueda sancionar los abusos de posición de dominio. Se quejó de que se continúa pendiente de establecer con qué cuota de mercado se tiene posición de dominio en la cadena alimentaria.