Llegan a Lleida 250 temporeros rumanos en autobuses organizados por Afrucat

Un total de 250 personas llegaron ayer a Lleida procedentes de Rumanía para trabajar durante la campaña de la fruta en explotaciones de Soses, Alcoletge, Albatàrrec y Fraga. Este contingente de temporeros es el primero que llega este año a Ponent desde este país de Europa Oriental debido a las restricciones en la movilidad impuestas a lo largo y ancho del continente para intentar contener la pandemia de coronavirus. Los trabajadores se desplazaron desde Rumanía a bordo de diez autobuses de la compañía Tabita Tours fletados por Afrucat, y efectuaron el trayecto a la mitad de su capacidad, a fin de reducir el riesgo de contagios y mantener las distancias de seguridad entre pasajeros. Además, los temporeros llevaron una mascarilla protectora mientras duró el desplazamiento. Estos trabajadores no tendrán que pasar ninguna cuarentena estricta, ya que el Gobierno central permite a los trabajadores del campo que entran con contrato en territorio español acudir a sus empleos, y acabada su jornada mantenerse confinados el resto del día hasta cumplir las dos semanas de precaución. Todos los trabajadores llegados ayer tienen ya contrato. “Responden a perfiles de trabajadores fijos-discontinuos con tareas de responsabilidad o encargados tanto de campo como de centrales”, puntualizó la patronal frutícola.

Por otra parte, Afrucat indicó que organizó el viaje a petición de sus empresas asociadas y que prevé trasladar a un total de 577 temporeros a Lleida hasta finales de junio. Por otra parte, subrayó que sus asociados disponen de un protocolo específico para minimizar y detectar posibles contagios en sus explotaciones. “Están preparados para aplicar comprobar la temperatura de los trabajadores y detectar los síntomas”, afirmó Afrucat.

En otro orden de cosas, el grupo parlamentario popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas (PSOE), y de la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Podemos), para que den explicaciones sobre la campaña de inspecciones que han puesto en marcha en el campo.

En un comunicado, los populares creen que el Ejecutivo de coalición “denigra” y “estigmatiza” al sector por ordenar la detección de posibles casos de “explotación laboral” o “esclavitud”.