«Llevo aquí desde 1999 y trabajo en la fruta y en mataderos»

Los agricultores, las cooperativas y las centrales se está enfrentando a una campaña difícil por el incremento de los costes de producción de la fruta, por una meteorología que ha mermado la cosecha, por las medidas de lucha contra la Covid-19 y ahora, también, por tener que defenderse de acusaciones de racismo y explotación. Los productores y los alcaldes de la zona frutícula sienten que se está criminalizando a un sector que, en general, está haciendo las cosas bien. Unió de Pagesos, por ejemplo, recuerda que el balance de la Inspección de Trabajo de la pasaba temporada reflejaba un millar de visitas a centrales y fincas, de las que se derivaron tres expedientes y una única sanción.

Son cifras con las que una vez más intentan demostrar que la tónica general de la campaña es la de normalidad, sin descartar que pueda darse algún caso muy puntual de irregularidades, pero no mayores a las que se pueden registrar en otros sectores, advierte Josep Maria Companys, agricultor de Torres de Segre. Los payeses y las empresas cubren mayoritariamente las necesidades de mano de obra con temporeros a los que contratan año tras año y defienden que la normalización de la campaña pasa, precisamente, porque los trabajadores se desplacen a la zona frutícola con un contrato bajo el brazo. En esta línea, apuntan que buena parte del problema de personas sin trabajo que se encuentran hoy en la ciudad de Lleida y aspiran a emplearse en la fruta como temporeros es precisamente que no pueden ser contratados legalmente dado que carecen de documentación en regla. Hace meses que organizaciones agrarias, la patronal Afrucat y municipios frutícolas solicitaron a la Administración central la regularización de los inmigrantes que hay en el Estado, se calcula que unos 800.000 que carecen de permiso de trabajo, siguiendo el ejemplo de otros países del entorno. En caso contrario, los empresarios agrícolas no pueden contratarlos y darles trabajo supone exponerse a graves multas.

Organizaciones agrarias, la patronal Afrucat y decenas de consistorios denuncian la criminalización

En cuanto a los alojamientos, los agricultores utilizan diferentes fórmulas. Existen alojamientos comunitarios como el de Torres de Segre, en el que el ayuntamiento se ha gastado más de 20.000 euros esta campaña en mejoras, otros de los propios payeses o empresas y una tercera vía que a veces es la preferida de algunos temporeros, como puede ser vivir en casas de familiares o conocidos en la zona o alquilar una habitación o algún piso entre varios.

Todo ello, además, en una campaña en la que los ayuntamiento de la zona frutícola hacen censos de temporeros en plena lucha contra la Covid-19. Es clave saber dónde viven para actuar en caso de que se declare cualquier brote.

“Torres de Segre cuenta con 1.200 temporeros, todos alojados” El alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, explica que en la localidad hay “1.200 temporeros y todos están alojados” bien por agricultores o por empresas que los contratan. El alojamiento municipal tiene 110 plazas que se llenarán en los próximos días. Además, como todos los municipios de la zona, el consistorio ha habilitado el pabellón municipal con 40 plazas por si son necesarios aislamientos por algún caso de Covid-19.