“Compètencia dice que Afrucat no ha hecho nada que vulnere la ley”

“Competència afirma que Afrucat no ha dicho ni hecho nada que pueda vulnerar la ley ni las normativas”. Con esta frase resumió ayer la asociación de organizaciones de productores la reunión que mantuvo con la Autoritat Catalana de la Competència tras la polémica carta en la que este organismo apercibía a la patronal. El origen del conflicto se remonta a la presentación de previsiones de cosecha por parte de Afrucat. En ese marco, constató los incrementos de costes derivados del salario mínimo y la Covid-19 y consideró posibles subidas de precios en esta campaña, después de años de pérdidas. Competència remitió entonces una misiva a Afrucat pidiendo, entre otras cosas, “especial diligencia para evitar hacer recomendaciones colectivos de precios”. La carta provocó la indignación general de empresas y organizaciones agrarias. Sin embargo, en el encuentro de ayer, según Afrucat, se apuntó que técnicamente no había nada que objetar a sus declaraciones. De hecho, la patronal frutícola catalana se ratificó en sus declaraciones públicas.

Por otra parte, ayuntamientos, sindicatos y empresas de Lleida han dirigido una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que reclaman bonificaciones en el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social para los agricultores y sus trabajadores, y compensaciones en el IBI para trasladarlas desde los consistorios a las explotaciones del territorio.

Los agricultores ven crecer los costes por el SMI y la Covid-19, mientras la piedra merma la cosecha

Firman la misiva más de ochenta ayuntamientos leridanos productores de fruta dulce, los sindicatos agrarios Unió de Pagesos, Asaja y JARC, la Plataforma en Defensa de la Fruta, la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya y Afrucat, según informó en un comunicado el ayuntamiento de Alcarràs.

También han enviado la carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, al subdelegado del Gobierno, José Crespín y al delegado de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré. Con estas medidas, quieren atenuar los incrementos de costes de prevención y logísticos derivados de la pandemia de coronavirus, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las afectaciones climáticas como el invierno cálido, la primavera fría y las tormentas de granizo de junio que han causado daños en algunas áreas de cerca de un 100% de la producción.