MACROECONOMÍA ANÁLISIS
La agroalimentación frena la sangría del empleo en Lleida
Frente a otras demarcaciones catalanas con mayor dependencia del turismo || El BBVA revisa a la baja su previsión sobre el PIB
Imagen del Eix Comercial de la capital del Segrià el sábado.
La crisis económica derivada del coronavirus puede acabar destruyendo 110.000 empleos en Catalunya en el bienia 2020-2021. Así lo afirmó ayer el economista jefe de BBVA Research en el Estado, Miguel Cardoso, al presentar el último informe de la entidad. Indicó que hasta ahora en el caso de la demarcación de Lleida la caída del empleo ha tenido un impacto menor por su mayor vinculación con el sector primario y la alimentación, como servicio esencial, ante los otras demarcaciones que tienen más dependencia al turismo y al sector de los servicios y la hostelería.
El informe concluye que la economía catalana podría caer hasta un 12% este año como consecuencia de la pandemia, frente al 9% previsto hace unos meses, para luego crecer un 7,4% en 2021, mientras que las tasas de paro se moverían entre el 14,4% este año y el 14,6% el próximo. La entidad ha empeorado sus previsiones por la prolongación de medidas de confinamiento. Explicó que estas estimaciones podrían volver a revisarse a la baja si siguen aumentando los rebrotes, tal y como se ha visto en Barcelona y su área metropolitana y la comarca del Segrià, y como consecuencia, aumenta el número de restricciones para frenar contagios.
Uno de cada 4 autónomos catalanes siguen sin actividad Autònoms Pimec alertó ayer de que el 24,5% de los autónomos sigue sin actividad por la crisis del coronavirus y que el 37% la ha reducido a menos de la mitad en relación al mismo periodo del año anterior.
Así lo afirmó ayer el presidente de Autònoms Pimec, Miquel Camps, en base al informe Impacto económico derivado de la crisis del Covid-19 sobre los autónomos de Catalunya. En los próximos meses, un 73,2% de los autónomos encuestados apunta a que la demanda débil será el aspecto que dificultará más la viabilidad de su negocio, seguido del pago de impuestos, cotizaciones, alquileres y suministros.
Camps aseguró que hay “una gran preocupación” ante la normativa que hace perder el 100% de las ayudas si se despiden trabajadores en los próximos seis meses.
