Los alojamientos de temporeros extranjeros, un riesgo añadido de coronavirus

Las malas condiciones de alojamiento de muchos temporeros extranjeros en situación irregular son un riesgo añadido para la transmisión del coronavirus, pero el limbo legal en el que viven dificulta una respuesta clara.

Los brotes en Aragón y Lleida han estado vinculados desde el inicio a la actividad de la recogida de la fruta, mientras que en Huelva, también zona agrícola, se han registrado recientemente incendios en los asentamientos ocupados por extranjeros.

Las autoridades afirman que los contagios entre jornaleros se están produciendo, salvo excepciones, en los desplazamientos y en el alojamiento.

Para el responsable de sector agrario y manipulado hortofrutícola del sindicato UGT-FICA, Emilio Terrón, el problema está en los "asentamientos sin higiene" en los que viven personas indocumentadas que llegan a esas zonas y finalmente acaban en el campo porque "hay empresarios" que los llaman para trabajar "en negro".

"En esas condiciones, el coronavirus está ahí, en su máxima expresión", subraya en declaraciones a Efeagro Terrón, quien habla de la existencia de una "bolsa" de personas en situación irregular que se mueven por la geografía española en función del calendario de las cosechas.

Otra situación es la de los trabajadores que acuden a las campañas con sus contratos y papeles en regla, y que cuentan con alojamientos proporcionados por las propias empresas y que "reúnen unos requisitos, servicios y aforos determinados" por la normativa, según el representante sindical.

El responsable adjunto de política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, añade que en lugares como Aragón, Lleida o La Rioja el convenio colectivo regula la obligación del empresario de ofrecer un alojamiento cuando contrata a alguien que vive a más de cien kilómetros de la zona.

La "picaresca", asegura, aparece cuando se emplea a "trabajadores que son muy vulnerables por no tener documentación", que se ven obligados a alquilar la vivienda con otros muchos de diversas nacionalidades, a menudo sin guardar las distancias.

EL SECTOR AGRARIO SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

El responsable de fruta de hueso de Asaja y presidente de esa organización agraria en Lleida, Pere Roque, llama a los sindicatos a "denunciar a quien toque" si sospechan de esas prácticas ilegales: "Que digan quiénes son, pero que no generalicen".

Considera que las infecciones se dan en "la vida social" de los trabajadores y afirma que todos los temporeros que trabajan para los empresarios afiliados a Asaja "están legalmente contratados" y que se aplican las medidas higiénico-sanitarias necesarias.

Señala que se pone a su disposición viviendas con las "condiciones pertinentes" y, sobre las personas sin papeles, reconoce que los que hay que "dan tumbos por España" son un "problema social" que "tiene que solucionar el Gobierno" y del que "no se puede culpar al sector agroalimentario".

Por parte de COAG, su responsable de la fruta, Osvald Esteve, pide a la administración que regularice a esas personas sin papeles en regla, a quienes no se puede contratar, ante un problema "que se sucede año tras año", pero que esta vez es todavía más grave por el riesgo de contagio.

"Ahora un agricultor, que trabaja con precios mínimos, no se juega la viabilidad de la campaña por emplear a estos trabajadores sin papeles", argumenta Esteve.

Los distingue claramente de los fijos discontinuos que cada año hacen un circuito de sur a norte y acuden a trabajar a los mismos sitios, viviendo en los alojamientos que proporcionan las empresas o alquilan ellos mismos.

También existen agencias intermediarias que coordinan esos flujos y les facilitan trabajo, transporte y vivienda a cambio de un dinero, así como contrataciones de extranjeros en sus países de origen, a quienes los empresarios deben proveer de alojamiento en España.

"Solo tenemos obligación de dar alojamiento cuando se acude a esos contingentes de trabajadores, pero no es asumible que en un país como el nuestro se produzcan malas condiciones de alojamiento", destacó en un reciente acto la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, para quien "el trabajo en el campo es físico y duro, pero no esclavo".

Cortiñas llamó a impulsar un programa nacional que proporcione equipamientos locales en buenas condiciones porque, "sin habilitar esos espacios, es imposible asegurar un alojamiento que requiere el control de la sociedad".

LA RESPUESTA DEL ESTADO

El Gobierno está coordinando un plan con autonomías, ayuntamientos y agentes del sector agrario para planificar el movimiento de los temporeros de las próximas cosechas y prevenir posibles rebrotes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a las administraciones y al sector que contribuyan a facilitar alojamientos "dignos" a estas personas, mientras que el Defensor del Pueblo y el relator de la ONU sobre la extrema pobreza reclaman soluciones urgentes en España.

La Unión Europea (UE) reconoce los derechos de sus trabajadores transfronterizos y la directiva europea de trabajadores estacionales incluye normas de alojamiento para los que procedan de terceros países, pero no existe regulación en relación con la vivienda para otra clase de temporeros.

Hace unos días, la Comisión Europea instó a los países de la UE a tomar todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida dignas para los temporeros.