La Ley de la Cadena Alimentaria generaliza los contratos por escrito

El Consejo de Ministros aprobó ayer, en segunda lectura, la modificación de la ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y generaliza los contratos por escrito en todas las operaciones.

En concreto, con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza en el compromiso del Ejecutivo de modificar esta norma para impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la misma, fomentar la transparencia en la formación de precios y proteger a los eslabones más débiles en la cadena.

Cada operador de la cadena debe pagar al operador inmediatamente anterior al menos el coste efectivo

El Gobierno central adapta así la legislación española a la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales, que repercuten negativamente en los precios para el agricultor. Esta es la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros examina la Ley de la Cadena Alimentaria: el primer ajuste fue en febrero, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos en todo el Estado, y en junio presentó el anteproyecto de ley de reforma, en primera lectura.

Entre otros puntos, se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras. Por ejemplo, la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave. “Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo”, según explicó. El ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones de 2021 para cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de ese año. Planas avanzó además que la intención para completar esta legislación es llevar al Consejo de Ministros en el primer trimeste del próximo año un proyecto de ley para el desperdicio alimentario.

Por otra parte, instó a todas las autonomías en la próxima negociación de cómo se aplicará la futura PAC en España a alcanzar un pacto de Estado por el bien de agricultores y ganaderos nacionales, dejando al lado las diferencias territoriales.