Luis Planas: «Mi intención es que la fruta cobre el pago básico de la PAC»

Estamos en puertas de una nueva campaña de la fruta y, tras las dificultades del verano pasado. ¿Cómo la plantea?

El año pasado creamos un grupo de coordinación con los ministerios de Sanidad y Agricultura y las comunidades a raíz de los problemas que se generaron, más intensos en Lleida y Aragón y creo que funcionó bien. Con la colaboración de las asociaciones agrarias y las patronales contuvimos y corregimos la situación más allá de temas sanitarios. La experiencia de la fruta de hueso nos sirvió luego para la viña, la aceituna y los cítricos. He hablado con la ministra de Sanidad y estamos de acuerdo en activar el grupo de seguimiento desde la próxima semana. Creo muy importante dar un mensaje de tranquilidad y evitar anuncios o llamadas que pudieran producir desplazamientos masivos como hubo el año pasado en algún momento. La preocupación era comprensible en pleno estado de alarma. Este año el llamamiento es a planificar lo mejor posible las necesidades de contratación y, si hace falta, desplazamientos EN origen.

¿Qué opinión le merecen las peticiones de que los temporeros deben llegar con PCR negativa?

Tras la campaña de la fruta de hueso hubo territorios que la introdujeron. Recuerdo el caso de la vendimia en La Rioja. Es una posibilidad, pero lo deben determinar las autoridades sanitarias.

La nueva Política Agraria Común hasta 2027 es ya una realidad y de momento nos encontramos en un período transitorio para 2021 y 2022. ¿Cómo la definiría?

Debe ser una PAC para todos, capaz de abarcar sectores que no lo han sido anteriormente. Pensamos en el caso de las frutas y hortalizas, que estaban incluidas en la PAC a través de las organizaciones de productores. Mi intención es que puedan entrar progresivamente en el pago básico (ayudas directas al payés) en el período 2023-2027. Mi intención es que esté sobre la mesa en la Conferencia Sectorial (con las comunidades) en la primera quincena de mayo y llegar a un acuerdo por consenso.

Ha defendido que la “inmensa clase media” de la agricultura se beneficie de los fondos de la PAC. ¿Qué quiere decir?

Hablo de la agricultura familiar y profesional, aquella que se sitúa desde un poco por debajo y también por encima de la rentabilidad. Deben ser el objetivo de la Política Agraria Común. Sin dejar de lado algunas actividades que puedan no ser productivas pero sí tener una clara labor de preservación del medio ambiente y el paisaje.

La llamada convergencia de los derechos de pago básico está generando una gran polémica.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un éxito el práctico mantenimiento del presupuesto (de la PAC), con 47.724 millones de euros para el período 2021-2027. Todo ello, junto con la prescripción de la Unión Europea de concretar avances significativos en la convergencia interna e ir abandonando los (pagos) por derechos históricos. Debemos abandonar las referencias históricas y apostar por elementos de progresividad en los que están de acuerdo la mayoría de las comunidades. Para mí es un elemento fundamental para el relevo generacional en el campo. Si de verdad queremos jóvenes en el campo, es necesaria la rentabilidad y es clave eliminar las barreras al acceso a las explotaciones, y la existencia de un mercado secundario de derechos de la PAC es un obstáculo. Simplificando, se trata de que dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo en las mismas circunstancias cobren lo mismo.

Uno de los grandes problemas del campo es la falta de relevo, ¿cómo se puede atraer a jóvenes?

Prácticamente dos tercios de los ocupados del sector primario tienen 55 años o más, lo que representa que estarán en edad de jubilación en esta década. Hay una oportunidad, pero también una necesidad de relevo en estos próximos diez años, que estarán marcados por grandes retos en innovación, digitalización, lucha de cambio climático y preservación de medio ambiente, entre otros. El relevo puede llegar de las familias de los agricultores y ganaderos, pero también de personas que hoy no están en el sector. Debemos aspirar a zonas rurales vivas, con oportunidades para los jóvenes. Para ello, por ejemplo, es fundamental la cobertura de banda ancha y el Gobierno tiene previsto que llegue al 100% del territorio en 2025, no solo a los núcleos habitados, sino a todas las zonas con explotaciones. También son necesarias otras medidas, como la que hemos aprobado que permite que las ayudas europeas para la primera instalación se puedan tributar a lo largo de 4 ejercicios o la apuesta por elementos formativos complementarios, como el llamado “Erasmus agrario”.

La ley de la cadena alimentaria ha recibido críticas en especial en todo lo concerniente a contratos.

Intentar que en el sector primario haya un contrato por escrito no es un tema menor. La venta a resultas, donde el vendedor no fija un precio, es desde el punto de vista de la creación de valor y beneficio, un modelo a desaparecer. Para el sector cooperativo, donde el payés es socio, se podría sustituir el contrato escrito por un acuerdo del consejo rector o la asamblea con períodos y referencia de pago. La cooperativa debe crear valor no ser mero almacenista.

¿Pero cómo se puede consensuar los costes de producción cuando poco tiene que ver el de un melocotón temprano de Murcia y uno de Lleida en agosto?

No pretendemos fijar precios, sino ofrecer referencias. El Observatorio de la cadena Alimentaria tiene muy avanzado y en breve podría dar luz verde las del aceite de oliva. No está tan avanzado el de la leche líquida y aún debemos profundizar en el caso de la fruta de hueso, los tres productos con los que está trabajando ahora.

Agricultores y regantes alertan de que se enfrentan a un nuevo competidor por las tierras de cultivo de la mano de las energías renovables. ¿Piensan en algún marco regulatorio especial?

Seguimos muy de cerca el fenómeno, que es verdad que se manifiesta de forma especial en algunos lugares concretos, no de forma generalizada aún, pero llama a una reflexión. Las competencias en este campo son fundamentalmente autonómicas y locales en determinado tipo de instalaciones. Con todo, la energía eólica y fotovoltaica supone un factor positivo para el sector agrario. Hablamos con Fenacores (Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España) al respecto teniendo en cuenta que el energético es una parte fundamental de los costes de los regadíos.