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AGRICULTURA BOE

Luz verde a la norma para la autorregulación del aceite

Satisfacción de UPA y COAG por ser una medida esperada || UP critica que contemple la retirada obligatoria por los productores

Imagen de una finca de olivos en la población de Maials.

Imagen de una finca de olivos en la población de Maials.ACN

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la Unión Europea para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.

Esta norma, que entrará en vigor el 1 de julio de este año, posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por campañas de producciones muy altas alternadas con otras de rendimientos bajos.

La norma, que entrará en vigor el 1 de julio, posibilita la autorregulación del cultivo

Esta es una de las causas de la gran volatilidad de los precios, que tiene a su vez una clara incidencia en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales.

Por tanto, es necesario que el sector del aceite de oliva pueda aplicar en situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado aquellas medidas que permitan regular la oferta con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento de los mercados oleícolas, y en particular, la medida de retirada temporal del producto y/o de destino a uso no alimentario.

Respecto a los controles, corresponden a los órganos competentes de las comunidades autónomas hacerlos para comprobar el cumplimiento de las normas de comercialización que se desarrollen, mientras que el ministerio elaborará, en coordinación con las comunidades, un plan de control de la norma de comercialización.

Unió de Pagesos manifestó ayer en un comunicado su rechazo a este real decreto, ya que, en su opinión, “las medidas incluidas no contribuyen a mejorar la crisis de precios del sector” ya que, por ejemplo, contempla la retirada obligatoria a cargo de los productores no con fondos de la Política Agraria Común (PAC) o del fondo extraordinario de la reserva de crisis.

Por su parte, tanto desde COAG como UPA manifestaron su satisfacción por la publicación de este decreto por tratarse de “una reivindicación por la que se ha peleado desde hace años”.

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