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La Generalitat limita granjas en 6 municipios más en Lleida para evitar sanciones de la UE
Se suman a los 124 declarados zona vulnerable a la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos
Imagen de archivo de una cuba aplicando purines.
La Generalitat ha incluido a otros seis municipios de Lleida en la lista de zonas vulnerables por contaminación de las aguas subterráneas. Àger, Artesa de Segre, Os de Balaguer, Vilanova de Meià, Castell de Mur y Bellver de Cerdanya se suman a los 124 donde esta declaración limita desde hace años la construcción y la ampliación de granjas, así como la aplicación de purines como fertilizante en fincas agrícolas (ver mapa). Esta medida pretende reducir los nitratos en los acuíferos y evitar sanciones millonarias de la UE por incumplir la directiva comunitaria de aguas.
La orden que amplía las zonas vulnerables se publicó ayer tras una larga tramitación que se inició en marzo de 2020, dos semanas antes del primer estado de alarma por la Covid-19. El documento incial incluía también La Baronia de Rialb, pero este municipio no consta en la lista definitiva. El departamento de Territorio explicó que el ayuntamiento presentó alegaciones en las que exigió quedar excluido y que estas fueron aceptadas.
Los seis municipios de Lleida que pasan a ser zona vulnerable están catalogados como ZV-B. Las limitaciones en ellos son menores que en los clasificados como ZV-A, con mayor contaminación de los acuíferos o riesgo de sufrirla. Los ganaderos dispondrán de un año para adaptar sus planes de gestión de purines a la normativa que rige estos espacios, lo que supone reducir sensiblemente el volumen de deyecciones que pueden aplicar por hectárea y año.
La cantidad de purines que se pueden aplicar en cultivos o llevar a plantas de tratamiento como las que funcionan en Juneda, Alcarràs o Miralcamp condiciona el tamaño de las granjas. La normativa exige que el número de animales se adapte al volumen de purines que puede gestionar cada explotación, por lo que la declaración de zona vulnerable puede obligar a modificar granjas ya existentes.
Por su parte, la UE exige desde hace más de tres años medidas adicionales para frenar la contaminación de las aguas subterráneas en Catalunya.
