El acuerdo para reformar la PAC costará del orden de 60 millones a los payeses de Lleida

Los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo provisional sobre las reglas regirán el funcionamiento de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y al Pacto Verde. Los ministros de Agricultura de los Estados decidirán el lunes y el martes si dan su visto bueno.

A falta de esta ratificación, Unió de Pagesos ya ha hecho una primera estimación de lo que puede suponer para Catalunya: una reducción de la renta agraria de al menos 139 millones de euros anuales y un fuerte encarecimiento de los costes de producción. En el caso del campo de Lleida podría situarse en torno a 60 millones.

Han sido necesarios tres años de negociaciones entre los Estados miembros y los eurodiputados para desbloquear los tres reglamentos de la nueva PAC, que introducirá como grandes novedades los llamados ecoesquemas y un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales. Estos planes los elaborarán los gobiernos en función de una serie de objetivos e indicadores comunes y tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.

A partir de 2023 se introducirán los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no. Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos payeses que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima ha sido precisamente el gran obstáculo de las negociaciones.

A España le corresponden 37.000 millones en pagos directos y casi 8.000 en desarrollo rural

Las posiciones de los Estados y de los eurodiputados estaban alejadas, porque los primeros querían que se reservara un 20% de los pagos directos a estos ecoesquemas, pero los segundos reclamaban un 30%. El punto intermedio ha sido la solución de compromiso: un 25%. A cambio, se establecerán cláusulas de flexibilidad para que este dinero no se pierda si es imposible llegar a dicho umbral.

El acuerdo provisional estipula que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. En 2025 se conectarán los inspectores laborales estatales con las agencias de pagos de la PAC para sancionar posibles infracciones de las normas laborales.

Condicionantes para el productor que no se exigirán a la importación

Unió de Pagesos calcula que el preacuerdo alcanzado ayer comportará la reducción de entre el 1,9% en 2021 y el 1,16% en 2027 de las ayudas directas, lo que significará un recorte directo de unos 28 millones de euros en Catalunya, así como, adicionalmente, la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (24,6 millones 2023 – 2027).

Costes

También supondrá un sustancial incremento de los costes de producción, añadiendo más competencia desleal en el mercado único por las importaciones de países terceros, al condicionar con más obligaciones las ayudas, según UP. Además, un 25% del límite máximo de ayudas directas se tendrán que dirigir a acciones a favor del medio ambiente o de mayor bienestar animal, que representan unos 326,8 millones de euros en el periodo 2023-2027, afirma.