La Generalitat prorroga cuatro años más la moratoria a nuevas granjas en 7 municipios

El Consell Executiu aprobó ayer un decreto ley por el que prorroga cuatro años más la moratoria a la construcción y la ampliación de granjas en siete municipios de Lleida situados en zona vulnerable por exceso de nitratos en las aguas por purines y con una alta concentración de ganado.

La primera moratoria se estableció en 2019 con la aprobación del decreto de gestión de purines y finaliza este mes. La medida tomada ayer alarga el veto hasta verano de 2025.

Como en 2019, afecta a 7 municipios de Lleida, 68 en el conjunto de Catalunya.

Son cuatro del Pla d’Urgell: Golmés, Miralcamp, Mollerussa y Vilanova de Bellpuig; uno del Segrià (Soses); uno de la Noguera (Bell-munt d’Urgell) y uno más en Les Garrigues (Puiggròs)..

Además de estas localidades (la mayoría de las 68 se sitúan en Osona), el resto de municipios situados en zona vulnerable por contaminación de las aguas por nitratos seguirán también con limitaciones de modo que solo podrán construir o ampliar granjas si evitan aplicar deyecciones en cultivos.

Desde el pasado mes de abril, en Lleida son 130 los municipios en esta situación, lo que les obliga a aplicar planes de gestión en cada explotación y usar baremos como los nitrógenos de referencia a la hora de aplicar fertilizantes. El anuncio de esta medida se dio a conocer una semana después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro hiciera público su informe cuatrienal sobre la situación de las aguas subterráneas y superficiales en relación a la presencia de nitratos y constatara que no ha mejorado en los últimos cuatro años en toda la cuenca, tampoco en Catalunya (ver desglose).

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, aseguró ayer tras la reunión del Executiu que el “índice de contaminación ha disminuido” en estos municipios pero aún de forma insuficiente, por lo que “necesitamos más tiempo”. Recordó que el decreto establece medidas encaminadas a mejorar la gestión de purines y obliga a los ganaderos a declararlos cada año. Fuentes del sector ganadero consideraron la moratoria “una derrota para la administración”, aunque recordaron que es una parte “ínfima” del decreto de purines.

El siguiente paso será, si se confirma, la presentación de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría conllevar multas contra el Gobierno español.

La Agència Catalana de l’Aigua y la CHE mantienen un control periódico sobre la situación de las aguas. En el caso del organismo de cuenca catalán lleva a cabo muestreos en más de 500 puntos de control en Catalunya desde el año 1998.

La UE estudia presentar una demanda y no descarta multas

La contaminación difusa por exceso de nitratos de origen agrario afecta en Catalunya a 465 municipios, un 49% del total. En Lleida ya son 130 los incluidos en zona vulnerable, tras la aplicación del pasado mes de abril. La situación de los acuíferos en Catalunya es uno de los motivos por los que la Comisión Europea presentó un dictamen motivado al Estado español para que corrigiera la situación de las aguas subterráneas en varias comunidade, entre ellas, Catalunya.