Unió de Pagesos exige una reorientación en la aplicación de la nueva PAC en el Estado a favor de los profesionales agrarios

Unió de Pagesos exige a la consellera y al ministro de Agricultura reorientar la propuesta estatal para la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 para favorecer al campesinado profesional. El sindicato reclama modificar la definición de agricultor activo (condición para ser beneficiario de las ayudas directas de la PAC) planteada por el Ministerio. Esta, considera agricultor activo a quien obtenga al menos un 25% de los ingresos totales de actividades agrarias pero esta condición no afectaría a aquellos que reciban hasta 5.000 euros, franquicia que UP quiere rebajar a 1.250 euros.

El sindicato también reclama más fondo para temas medioambientales. Unió de Pagesos participará el 15 de septiembre en Madrid en la concentración ante|delante de el Ministerio convocada por Unió d'Unions. Unió de Pagesos reclama a las comunidades autónomas, y en concreto a la consellera Teresa Jordà, y al ministro Luis Planas, que corrijan la definición de agricultor activo de la propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan estratégico de la PAC del estado español, presentada en julio por el Ministerio.

Con el fin de exigir la modificación de la propuesta, de que se debatirá en septiembre en la próxima conferencia sectorial de Agricultura, Unió d'Unions d'Agriculture i Ramaders ha convocado el 15 de septiembre una concentración ante|delante de el Ministerio en la cual también participará Unió de Pagesos.

A la vez, el sindicato, reclama al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que defienda ante el Ministerio los acuerdos sobre la nueva PAC alcanzados en el marco de la Mesa Agraria. Unió de Pagesos considera "imprescindible e irrenunciable" un uso de la subsidiariedad a fondo en el Estado en favor del apoyo a una renta viable y la resiliencia del campesinado profesional, que la futura normativa de la PAC preverá después del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea de Agricultura en la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027.

El sindicato considera la propuesta del ministro Planas "del todo errática en este aspecto". En este sentido, señala que, a la reducción de un 1,46% del límite máximo de ayudas directos (LMAD) del 2023 respecto de los del 2020, hay que sumar la no devolución de la dotación de la reserva de crisis en caso de no usarse (hasta ahora, en el 2015 y en el 2020 se ha retornado cada año) y la dotación de un 25% del LMAD a ecoesquemas (medidas a favor de la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente o el bienestar animal), que comportarán a la mayoría del campesinado una reducción, de entrada, del 31% de los fondos destinados a sostener su renta.

La propuesta del Ministerio de Agricultura propone una definición de agricultor activo (condición para ser beneficiario de las ayudas directas de la PAC) basada en el hecho de que se obtengan al menos un 25% de los ingresos totales de actividades agrarias. Sin embargo, propone establecer una franquicia exenta de su cumplimiento|cumplido de 5.000 euros, la máxima que preverá la nueva normativa de la PAC. Según datos de la Comisión Europea, el año 2019 los perceptores de ayudas directas de la PAC en el Estado fueron 663.154, de los cuales 457.435 recibieron 5.000 euros o menos en ayudas directas.

Por eso, Unió de Pagesos reclama reducir esta franquicia hasta a los 1.250 euros con el objetivo que los beneficiarios de las ayudas acaben siendo realmente los profesionales agrarios, según ha expresado el coordinador nacional del sindicato, Joan Caball. Asimismo, ha señalado que en algunos territorios del Estado como la Comunidad Valenciana, el 95% de los beneficiarios de las ayudas de la PAC estarían exentos al no llegar a los 5.000 euros, en Jaén serían el 70% y en Cataluña en torno al 60% de los beneficiarios.

Por otra parte, Caball ha pedido destinar más fondo para que los campesinos puedan cumplir las exigencias medioambientales. Así, ha recordado que la nueva PAC incrementará un 53,71% los fondos de las ayudas directas que se tiene que justificar medioambientalmente (básicamente costes adicionales o lucros cesantes), y pasará de 1.468 millones de euros en el 2020 a 2.256,6 millones de euros, en el 2023. A la vez, en el desarrollo rural financiado por la Unión Europea también se tendrá que destinar al menos un 40% de estos fondos europeos a medidas medioambientales, mientras que en el periodo precedente sólo se tenía que destinar al menos un 30% de estos fondos. Con respecto a las ayudas directas a la renta (asociadas o disociadas de la producción), disminuyen un 25% y pasan de 3.486,4 millones de euros en el 2020 a los 2.615,4 millones, en el 2023.

Unió de Pagesos advierte que si no se rectifica el uso que el ministro Planas propone dar a las ayudas directas asociadas en la producción, para establecer una parte de ayuda asociada dirigida a paliar los "severos recortes adicionales" de la nueva convergencia negativa de las explotaciones en manos del campesinado profesional, los nuevos recortes pueden alcanzar entre un 16,66% y más de un 250% del valor que sobrepasen de la media de la agro-región donde dispondrán de los nuevos derechos de ayuda.

Eso comportará, junto con los recortes de entrada ya descritos, reducciones entre un 20% y 80% con respecto a las ayudas a la renta percibidas en la última campaña liquidada del 2020, según UP. Por todo eso, el sindicato reitera el riesgo que supone la propuesta de la nueva PAC del Ministerio, ya que "verterá al abandono de explotaciones en manos del campesinado profesional", especialmente en sectores como el vacuno de leche y de carne, el ovino y ganado cabrío, el arroz, la avellana y los cultivos herbáceos. Y en consecuencia "continuará la distorsión en el mercado de la tierra y se mantendrán buena parte de los escollos en el imprescindible relevo generacional en el campo", advierte al sindicato.