SEPRONA INVESTIGACIÓN
Posible multa de tres millones por vender fitosanitarios ilegalmente
La Guardia Civil desmantela una nave de una empresa leridana tras dos inspecciones || Siguieron produciendo y vendiendo pese a tener los productos inmovilizados
Imagen de la nave en el que la Guardia Civil llevó a cabo dos inspecciones.
Una empresa leridana se enfrenta a una posible multa de hasta tres millones de euros por fabricar, comercializar y distribuir productos fitosanitarios en toda España sin autorización administrativa que ampare su actividad legal y sin estar inscrita en el correspondiente registro oficial.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Seprona de la Guardia con la colaboración de inspectores de sanidad vegetal. En julio llevaron a cabo una primera inspección en una nave en la que localizaron una zona habilitada para la fabricación y manipulación de productos fitosanitarios que no cumplía supuestamente con las condiciones mínimas necesarias para ello.
Tampoco los trabajadores poseían los elementos de seguridad requeridos ni la formación indispensable para realizar combinaciones de estos productos, siempre según la Guardia Civil.
También almacenaban partidas de abonos y más de 15.000 kilos de pienso animal, sin separación física con los productos fitosanitarios de uso profesional clasificados como nocivos. Durante esta inspección, se inmovilizaron productos fitosanitarios de distintos tipos y en envases de diferentes capacidades. Se formularon varias denuncias por las infracciones y todos estos productos inmovilizados en la nave, ubicada en la Noguera.
Posteriormente, mientras los agentes del Seprona seguían recabando información sobre la actividad empresarial, descubrieron que la firma no había interrumpido los procesos productivos y comerciales de los productos fitosanitarios, por lo que llevaron a cabo una segunda inspección en la que se detectó supuestamente que el responsable de la empresa había infringido ley de Sanidad Vegetal, ya que habría quebrantado las medidas cautelares poniendo en circulación los productos o mercancías inmovilizadas.
En el supuesto de confirmarse esta sospecha policial, la infracción descrita está tipificada como una infracción muy grave, con sanciones económicas que van de los 120.001 euros a los tres millones. Además de no respetar la inmovilización, habrían vendido una gran parte de los productos inmovilizados, infringiendo la prohibición de continuar con su actividad ilícita.
