El Parlament pide que el Govern tenga derecho preferente de adquisición del suelo agrario
La cámara se compromete a iniciar los procedimientos legislativos para "detener la especulación y acaparamiento de tierras"
El hemiciclo del Parlament este jueves.
El Parlament ha reclamado que el Govern tenga derecho preferente de adquisición de suelo agrario, directamente o mediante sus entidades, ejerciendo los derechos de tanteo y retracto. La moción ha recibido el apoyo del PSC-Units, ERC, En Comú Podem y de la CUP-NCG, que ha sido el grupo parlamentario que ha registrado el texto. JxCat, Vox, Cs y PPC se han opuesto. La cámara se ha comprometido a iniciar los procedimientos legislativos que permitan "detener la especulación y el acaparamiento de tierras". La cámara ha instado al Gvern a desplegar antes del primer cuatrimestre de 2022 el Registro de Tierras en desuso para movilizar las parcelas que no se estén cultivando o puedan dejar de estar cultivadas.
Por otra parte, la cámara ha instado al ejecutivo a establecer antes del 2023 las zonas prioritarias afectadas por la preferencia adquisitiva de la Generalitat. También las condiciones en que se tiene que producir el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para preservar, potenciar y fomentar el suelo agrario y la actividad agraria y forestal. ERC, PSC-Units, En Comú Podem y CUP han votado a favor, y el resto, en contra.
La cámara quiere que se establezca que el Govern tiene derecho preferente de adquisición de suelo agrario ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, en caso de compraventa, permuta, dación en pago, donación entre vivos o aportación a sociedad de fincas rústicas o explotaciones agrarias, estén o no arrendadas, con carácter subsidiario a los arrendatarios.
El texto aprobado señala que no se podrá ejercer el derecho de adquisición preferente cuando la alienación se haga a favor del propietario de una parte indivisa de la finca; o si se hace a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes consanguíneos o por adopción hasta el segundo grado, o si la finca tiene calificación urbanística de suelo urbano o urbanizable. También se señala que, una vez se haga la modificación legislativa, el Govern hará la consignación presupuestaria que corresponda para poder desplegarlo.
