Bruselas obliga a España a ampliar el período del cálculo de pensiones

El documento de compromiso firmado entre el Gobierno Español y la Comisión Europea para recibir los 70.000 millones de euros del fondo de recuperación hasta 2026 incluyen, entre otros puntos, ampliar el período para calcular las pensiones. En la práctica, supone una rebaja de las jubilaciones futuras dado que al inicio de la vida laboral se suelen haber percibido salarios inferiores al final. Según el texto, a finales del año que viene debe entrar en vigor en ajuste para alargar el periodo de cómputo.

La extensión del periodo de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión en el marco de las nuevas carreras laborales fue polémico durante la elaboración del plan hace casi un año. Llegó a circular un borrador de la componente 30 de pensiones -cuya existencia fue negada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- en el que se elevaba de 25 a 35 años el periodo de cálculo. Al final, el plan incluyó la extensión del periodo de cálculo, pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años.

Así se vuelve a recoger en el acuerdo operativo suscrito ayer, sin que la Seguridad Social tampoco haya querido aclarar cómo queda este punto.Desde el ministerio se insiste en que la medida busca “reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”. La implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo es progresiva a partir de 2023.El documento, suscrito por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, fija reuniones de seguimiento trimestrales entre el Gobierno de España y el Ejecutivo comunitario para hacer balance de los avances en la aplicación del plan de recuperación y los compromisos que hay que alcanzar para recibir los 70.000 millones de euros de ayudas para la que llegarán en forma de transferencias directas, que se tendrán que ejecutar entre los años 2020 y 2026.