El sector de la fruta urge a Govern e Inspección a preparar ya la campaña

La Plataforma Salvem la Pagesia, Defensem el Món Rural celebró ayer una reunión en Seròs en la que ayuntamientos, organizaciones agrarias, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya y Afrucat acordaron urgir a la Generalitat y a Inspección de Trabajo planificar ya la próxima campaña de la fruta. Por una parte, pedirán una reunión con los máximos responsables de la Inspección para conocer los parámetros de su actuación y denunciaron, una vez más, sentirse criminalizados. Por otra, esperan que en la próxima reunión con la delegación del Govern, prevista para el próximo día 22 de febrero, se presenten propuestas concretas en diferentes aspectos.

Entre ellos sobre los albergues y la recuperación de apoyos económicos para los alojamientos que ofrecen los agricultores a los temporeros. El alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, recordó que la Plataforma está formada por ayuntamientos y agricultores de diferentes comarcas y que ayer participaron en la reunión hasta siete consistorios. Además de Seròs, que albergó el encuentro, acudieron representantes de Bell-lloc, Alcarràs, Torres de Segre, Aitona, Soses y Massalcoreig. También de las organizaciones agrarias JARC y Asaja, aunque no participó Unió de Pagesos que, según explicaron fuentes del encuentro, estaba convocada y esperan que tomen partido en próximas reuniones de la Plataforma. Aunque aun es muy pronto para conocer el volumen de producción del próximo verano, fuentes del encuentro advirtieron que si esta es normal, como se espera, se pueden reproducir problemas de mano de obra.

Por otro lado, en la reunión se acordó hacer un llamamiento a la participación del sector rural de Lleida, desde agricultores y ganaderos pero también a cazadores, en la manifestación convocada para el próximo 20 de marzo en Madrid. Se trata de una movilización convocada por las organizaciones agrarias con representación estatal, como COAG de la que forma parte JARC y Asaja, bajo el lema Juntos por el campo. Reclamarán un plan de choque al Gobierno y al resto de las administraciones para paliar los problemas del sector ante el incremento de costes y la falta de rentabilidad de sus explotaciones.