El Govern quiere acabar con los asentamientos irregulares de temporeros

"El objetivo prioritario de la campaña de la fruta de este año será poner las bases para acabar con los asentamientos irregulares de temporeros". Así lo ha dicho el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, después de la primera reunión de la Comisión de coordinación territorial de la campaña agraria 2022 en Lleida. La Delegación del Govern, con la colaboración del sector, elaborará un mapa de los alojamientos públicos y privados disponibles con el fin de diagnosticar las necesidades y que servirá también para diseñar una de una línea de ayudas para construir y ampliar estos equipamientos por parte del Govern con vistas a futuras campañas.

Desde el punto de vista de la pandemia, y a diferencia del año pasado, los actores implicados en la gestión de la campaña de la fruta hacen un planteamiento de partida de normalidad, no determinado por la covid. El departamento de Salud no prevé, de entrada, poner en marcha ningún dispositivo específico hacia la covid. En cualquier caso, se estará atento a la evolución de la situación epidemiológica a cada momento para proceder a la adaptación de los protocolos y las medidas sanitarias en la campaña en la medida en que fuera necesario, aprovechando la experiencia de la campaña anterior, según ha indicado Solé.

Más agentes de intermediación

Por su parte, el Servicio de Empleo de Catalunya (SOC) incrementará este año el número de agentes de intermediación contratados. De los 54 agentes del 2021 se pasará a 74 en la campaña de 2022, hecho que permitirá que más municipios puedan disponer. El año pasado, los agentes contratados se distribuyeron entre nueve municipios (siete de los cuales, del Segrià), cinco consejos comarcales, y sindicatos y organizaciones agrarias. Además, el SOC aumentará la formación de las personas contratadas en materia de intermediación. Se trabaja para que estos agentes dinamizadores de la campaña puedan empezar a actuar a principios de mayo.

Por otra parte, el incentivo para la contratación de proximidad establecido la temporada pasada de 50 euros por semana por cada contrato laboral entre abril y octubre formalizado mediante el SOC, con la condición que se hubiera ofrecido alojamiento gratuito a los trabajadores o que estos hubieran sido empadronados a menos de 40 kilómetros del puesto de trabajo, pasará este año a ser de 90 euros por semana.

El Govern también trabaja para establecer líneas de ayuda para los municipios dirigidas a complementar la financiación de los gastos vinculados en la campaña agraria con el fin de compensarles el hecho de que este año, en una situación no pandémica, no está prevista la habilitación de los fondos Covid como en la campaña pasada.

Derechos Sociales seguirá contribuyendo a la gestión de la campaña agraria con las aportaciones económicas a entes locales a través de los contactos programa, vinculadas a la vulnerabilidad económica y el sinhogarismo. La conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural está ultimando un informe sobre la previsión de la producción frutícola y sobre la consiguiente demanda de mano de obra.

Durante la reunión, también se ha tratado de las inspecciones laborales a las explotaciones de fruta. Los participantes han coincidido en que la gran mayoría de los productores cumplen la normativa a la hora de contratar trabajadores y que los que no lo hacen son los que justifican la necesidad de las inspecciones. Bernat Solé ha explicado que se analizarán los protocolos de inspección para garantizar que no se cuestione la buena praxis de la mayor parte del sector.

La Comisión de coordinación territorial de la campaña agraria en Lleida, presidida por el delegado del Govern, está formada por los directores y otros responsables de los servicios territoriales de los departamentos de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural; Empresa y Trabajo; Salud; Derechos Sociales; Interior, y Presidencia; representantes de la conselleria de Igualdad y Feminismos; el presidente de la Diputación de Lleida, los alcaldes de Lleida y de los municipios del Bajo Segre, los presidentes de los consejos comarcales, el subdelegado del gobierno del Estado, organizaciones agrarias y sindicatos, la Federación Cooperativas Agrarias de Catalunya, Afrucat y entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y Raíces. La reunión de este martes se ha celebrado en formato telemático.