“El plan de ordenación del bovino expulsará a unos 30.000 ganaderos”

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte de que la propuesta del ministerio de Agricultura para la ordenación del sector bovino expulsaría a 10.470 ganaderos lácteos (el 92% del total) y a 19.936 de vacuno de carne (95%), según sus primeras estimaciones. Con el tamaño medio límite propuesto por el departamento que dirige Luis Planas, 850 Unidades de Ganado Mayor por granja (850 vacas o 2.125 terneros), tan solo serían necesarias 954 explotaciones para producir el volumen de leche que hoy generan 11.424. En el caso de las explotaciones de cebo, para mantener el censo que actualmente gestionan 21.057 ganaderos de vacuno de carne del territorio, únicamente serían necesarios 1.121 cebaderos.

Con lo que, para ellos, las grandes empresas integradoras desvinculadas del territorio, serían las más beneficiadas del cambio. Para evitarlo, COAG propone un límite de 180 Unidades de Ganado Mayor por granja (180 vacas o 450 terneros) por explotación, que en producción láctea incluye al 93,2% de las explotaciones actuales de toda España y al 98% de cebaderos. En aquellos casos en los que ganaderos quisieran asociarse situando a sus animales en una misma localización, con el objetivo de poder mejorar sus condiciones de vida, sugieren que el límite de 180 UGM pudiera incrementarse un 50%, hasta las 270 unidades.Según la organización, con su propuesta no habría nuevas explotaciones de más de 180 Unidades de Ganado Mayor, pero eso no supondría el cierre de las explotaciones que ya existen

Por otro lado, UPA reclama desarrollar un cuerpo normativo, coordinado y coherente, que evite el abandono de explotaciones y la pérdida del olivar tradicional. Durante la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, Agricultura reconoció la crítica situación del sector olivarero tradicional y decidió incluir una intervención destinada a mejorarla. Para su puesta en marcha es necesario el reconocimiento de las organizaciones de productores como entidades solicitantes y ejecutantes de dicho programa. El ministerio es quien debe regular los requisitos sobre tal reconocimiento, para lo cual se ha propuesto un borrador de Real Decreto. A UPA este mecanismo no le parece el más indicado y pide que se ponga en marcha una ayuda asociada con una dotación presupuestaria suficiente.