El campo exige medidas ante el alza de los costes de producción y el precio de la energía

Miles de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores procedentes de toda España, entre ellos más de 2.000 leridanos, según las organizaciones agrarias, exigieron ayer por las calles de Madrid medidas urgentes y un futuro para el medio rural, que está sufriendo la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivados del alza de las materias primas. Bajo el lema “El mundo rural despierta”, los manifestantes, más de 400.000 personas, según los convocantes, se trasladaron a Madrid en más de 1.500 autobuses para acudir a una cita que calificaron de un “antes y después” para el sector agrario. La delegación del Gobierno cifró en 150.000 personas la asistencia.

Durante el transcurso del acto reivindicativo, agricultores, ganaderos y cazadores, acompañados por 45 tractores, portaban carteles y pancartas con lemas “Por un mundo rural vivo sin limosnas” o “La supervivencia del campo es de todos”. Desde Asaja Catalunya, Pere Roqué señaló que “la impresionante respuesta de convocatoria demuestra que el sector agroalimentario está en pie de guerra y más unido que nunca ante la no actividad del Gobierno estatal”. La organización cifró en más de 2.500 pageses y ganaderos de las comarcas leridanas presentes en la movilización, y 7.000 de toda Catalunya.

Roqué fue contundente al señalar que “es una vergüenza que todavía no se haya bajado el impuesto a todos los hidrocarburos mientras que hay una rebaja general de impuestos” y recordó también que con las tarifas energéticas que se aplican “nos hace más difícil regar nuestras explotaciones”. Por ello, exigió la dimisión “inmediata” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al afirmar que “con sus acciones y decisiones ponen en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas del país que gobiernan”. Entretanto, JARC, que convocó a cerca de 300 personas de las comarcas leridanas, exigió precios justos para la fruta y un futuro digno para la payesia, en unos momentos en los que los precios de los carburantes, de los abonos y los costes de producción se han incrementado, en algunos casos, más del 75% a causa de la guerra de Ucrania.

Joan Carles Massot, presidente de JARC en Lleida, reclamó más recursos y recordó que sin agricultores ni ganaderos, el país dejará de contar con recursos propios ni alimentos para comer. “Si queremos evitar pueblos sin futuro y desploblación, debemos comenzar a garantizar el futuro de aquellos que siguen trabajando la tierra”, señaló. JARC también alertó de la falta de relevo generacional.

“Los jóvenes no quieren seguir”, advirtió. Por su parte, los regantes denunciaron “el señalamiento y la discriminación que sufre el regadío”, por lo que exigieron más inversiones y alertaron de las pérdidas millonarias por la sequía. Mientras, la Federación Española de Caza denunció que el Gobierno central hace una “política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo”, perjudicando a un sector que es “generador de oportunidades en el mundo rural”.

Una semana de paros a la espera de negociación

Los transportistas cumplieron ayer su séptima jornada de huelga y mantienen su presión con “marchas lentas” y “quedadas en las plazas de los pueblos” a la espera de ser recibidos por el Gobierno. Hoy tendrá lugar una reunión para estudiar la situación entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte de Carretera, un organismo en el que no está incluida la asociación minoritaria convocante de los paros, La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carretera. Al encuentro, al que acudirán las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes, no está convocada la Plataforma, que dice no estar representada en el CNTC y que se siente “ninguneada” por el Gobierno.

El CNTC reclama medidas económicas “inmediatas” para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes en el sector y que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas que han decidido no secundar la protesta. Entretanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 34 personas y denunciado e investigado a otras 353 en los incidentes registrados desde el inicio de la huelga. Los agentes de ambos cuerpos han escoltado a 1.505 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad.