Catalunya creará un registro de tierras agrícolas y ganaderas en desuso para recuperarlas
Quiere ser una herramienta para promover la incorporación de personas al mundo agrario y avanzar en la soberanía alimentaria
Cataluña ha perdido en los últimos 20 años unas 100.000 hectáreas cultivables. Para revertir esta situación, frenar el despoblamiento e incorporar a más personas al mundo agrario, el Govern creará un registro de tierras, una herramienta que tiene que permitir recuperar cultivos y pastos abandonados y facilitar el alquiler. Los precios, además, estarán regulados por la Ley de contratos. La tramitación ya se ha iniciado y se prevé que se apruebe a principios de 2023. "Lo que se busca es que todo el mundo tenga facilidades para encontrar la tierra porque es muy absurdo que tengamos tierras que no se cultiven, que no se utilicen", ha afirmado este viernes la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, en una visita a la Escuela Agraria de Manresa, donde ha anunciado la iniciativa.
El mecanismo prevé que todas las parcelas susceptibles de recuperarse se identifiquen y que técnicos del Departamento evalúen su idoneidad. Una vez incluidas en este registro, se abrirá una convocatoria púbica de concurrencia competitiva para facilitar el alquiler entre el propietario y el arrendatario. También se priorizará el acceso a jóvenes y mujeres al mundo agrario.
La normativa, además, también prevé "en casos muy excepcionales" tramitar el registro sin el consentimiento del propietario que no quiera arrendarlo si se considera de interés. "Sería sólo uso de fruto para poder ser capaces de ponerlo a disposición de personas que la quieren trabajar y poder producir alimentos". Serían situaciones "muy extremas", ha subrayado Jordà, que también ha dicho que este registro quiere poner todas las facilidades para el acuerdo entre propietarios e arrendatarios.
Este proceso se realizará con colaboración con instituciones y entidades del territorio, con la comunicación e información a los propietarios, transparencia y coordinación con los bancos del suelo ya existentes. La conselleria tiene previsto poner en marcha una aplicación informática con un coste de 1,5 millones de euros para agilizar la tramitación y dar a conocer toda la información a los interesados.