Los agricultores exigen ayudas ante el sobrecoste del veto a las quemas

Aumenta la oposición de los agricultores al veto estatal a las quemas agrícolas y exigen ayudas para afrontar el sobrecoste que supondrá para las explotaciones gestionar este residuo vegetal. Aunque es habitual que trituren parte de la poda para compostaje, esto no suele hacerse en el caso de grandes volúmenes, ya que significaría un aumento de los gastos de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, según los sindicatos agrarios. La ley estatal obliga ahora a triturar todos los restos vegetales que se generen en las explotaciones o bien aprovecharlos como biomasa.

Cada año se autorizan en Catalunya 120.000 quemas desde mediados de octubre a marzo. De hecho, el sector ve inviable aplicar la ley y pide al ministerio de Agricultura modificarla o bien una moratoria. El sector cuestiona que la medida sirva para reducir el nivel de emisiones de CO2.

“Antes de fijarse en estas quemas deberían reducir líneas de avión”, dijo Gerard Mollet, agricultor de Bassella, que cultiva 120 hectáreas de cereal y de colza. Aseguró que también crecerá el riesgo de incendios. “Si no podemos quemar los restos, estos quedarán almacenados y crearemos polvorines que en verano arderán”, dijo.

“Es una medida sin sentido e inviable que acabará de hundir al sector”. La administración no para de aplicar medidas que “siempre van contra la agricultura y sobretodo contra el pequeño agricultor, que es el que hace la labor de conservación del territorio”, criticó. Pidió ayudas para hacer frente a la inversión que se verán obligados a afrontar.

“Si hago tres quemas al año no puedo invertir 30.000 euros en una trituradora”. Josep Maria Pedrós, de Butsènit d’Urgell, señaló que la normativa no especifica cómo hay que retirar los restos ,“si los recogerán, si los tendremos que llevar a un punto específico o cuánto costará”. Coincidió en que si se acumulan restos vegetales en las fincas en los meses de verano se convertirán en un peligro.

Por su parte, la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, aseguró que la aplicación es inviable y “extremadamente imposible”. Aseguró que la medida no se ajusta a la realidad del sector y que se buscarán fórmulas para regular su aplicación.

Denuncian falta de previsión y piden ‘permisos’ excepcionales

JARC ha denunciado una falta de previsión y de información al sector, por parte de Acción Climática, dado que el período de quema comienza a mediados de octubre y dura hasta marzo.

Pide que desde la Agència de Residus de Catalunya se acepte que los restos vegetales no tengan consideración de “residuo”. La entidad considera que el decreto que define el concepto de residuo en relación con el sector agrario “es muy ambiguo” y, por tanto, “se podría reinterpretar”. La entidad agraria ha exigido “la rápida implementación de un sistema ágil de autorizaciones de las quemas por motivos justificados excepcionalmente”, puesto que dependen del de Acción Climática, desde la entrada en vigor de la ley estatal.

Según UP, la consellera Teresa Jordà se comprometió a tener un catálogo de situaciones justificadas en las que se pueda obtener la autorización excepcional. Exigen “ajustar la ley a las directivas europeas de residuos y la relativa a la reducción de las emisiones que no establecen la obligación de la prohibición con carácter general y que obligan a velar por que se tenga en cuenta el impacto en las pequeñas explotaciones agrarias”.