AGRICULTURA LEY POLÉMICA
El Gobierno levanta finalmente la prohibición de las quemas agrícolas
Los agricultores podrán calcinar restos vegetales en sus fincas a partir del día 16 || El PDeCAT logra el apoyo a una enmienda que suprime el artículo que la imponía
Los agricultores podrán recuperar este mismo mes de octubre las quemas de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. También lo harán las fincas particulares. Será después de que la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobara ayer incorporar una enmienda del PDeCAT a la ponencia del proyecto de ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC), que revierte el veto estatal a las quemas agrícolas.
La enmienda suprime el artículo 27 parte 3 de la ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados. La diputada del PDeCAT adscrita a la comisión de Agricultura, Concepció Cañadell, aseguró que la enmienda fue incorporada a la ponencia con el aval de una amplia mayoría de los partidos y que su aprobación anula el artículo que incluía el veto a las quemas. La conselleria de Acción Climática confirmó este extremo.
Mientras la ley de gestión de la PAC no entre en vigor, las quemas deberán contar con autorización, según agricultores consultados. El sector había reclamado a la Generalitat que mediara para lograr una moratoria en la aplicación de la ley para evitar “sobrecostes” para las explotaciones puesto que la normativa obliga a triturar todos los restos vegetales o bien aprovecharlos como biomasa o para hacer compost. Este sobrecoste podía oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros por hectárea, según el sector.
El periodo de quemas se inicia el 16 de octubre hasta el 14 de marzo y se puede quemar tras comunicarlo a los ayuntamientos, a las oficinas de cción Climática o por vía telemática. Del 15 de marzo al 15 de octubre la actividad está prohibida salvo autorizaciones concretas. Según Cañadell, esta enmienda beneficiará a más de 900.000 explotaciones de todo el Estado con 12 millones de hectáreas de superficie de cultivos herbáceos y 5 millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos.
Para los agricultores y entes locales el veto estatal era una “barbaridad y un despropósito” puesto que con las quemas se evitan plagas y enfermedades. Además, veían muy díficil gestionar el volumen de leña que cada temporada se genera tanto en explotaciones agrarias como en propiedades privadas.