POLÍTICA AGRARIO
El Govern prepara una ley de agricultura sostenible
El objetivo es que la mitad de explotaciones catalanas lo sean en 2030||Un certificado voluntario reconocerá las “buenas prácticas”
El Govern de la Generalitat presentó ayer en el marco de la cumbre del clima COP27 que se celebra en Egipto el proyecto de ley de la Producción Agrícola Sostenible (PAS) que está elaborando para impulsar un nuevo modelo productivo que permita evaluar, clasificar y reconocer a las explotaciones agrícolas catalanas según su nivel de sostenibilidad. El objetivo es que más del 50% de las explotaciones sean sostenibles en 2030, haciendo compatible la producción de alimentos con la conservación de los recursos y del medio ambiente, y teniendo en cuenta las metas sociales y económicas. Según explicó la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, habrá un certificado voluntario que reconocerá las buenas prácticas que será visible para el consumidor en el producto final.
Asimismo se habilitará una calculadora de sostenibilidad como una herramienta de automejora y se articulará una línea de ayudas económicas que acompañe a los agricultores y ganaderos a llevar a cabo esta transición hacia un modelo más ecológico.Para la consellera esta certificación permitirá “hacer visible el esfuerzo que realizan muchos proyectos agrarios para alcanzar los nuevos retos, haciendo compatibles la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental, económica y social”. Para conseguir la certificación, las explotaciones interesadas tendrán que hacer una solicitud y, una vez verificada la documentación, el departamento visitará la explotación, tomará muestras de los productos y realizará un análisis multiresiduos.Paralelamente, también se está elaborando una guía de buenas prácticas que se incluirá en la normativa y donde se identificaran las prácticas sostenibles. Desde el punto de vista ambiental se contemplarán factores como la gestión del agua, la biodiversidad, el suelo, el aire y los materiales y energía utilizada, y el bienestar animal.
El bloque económico evaluará aspectos como los derechos laborales, las condiciones de vida dignas, la igualdad o la salud laboral, así como la economía local o la calidad del producto.