UP cree que la nueva certificación de producción agraria sostenible carece de '"egalidad"

Unió de Pagesos ha alertado este martes que el proyecto de ley de la producción agraria sostenible tiene un problema de "denominación" y que el planteamiento actual de la ley podría devaluar la producción agraria ecológica, además de "confundir" al consumidor. El sindicato recuerda también que el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat sólo ha atendido un porcentaje muy bajo de las solicitudes para inversiones que mitiguen el cambio climático a las empresas agrarias de la convocatoria de 2021, por eso, considera "incoherente" el anuncio que hizo en el marco de la COP27 en lo referente al acompañamiento del productores agrarios hacia la sostenibilidad.

Así, el sindicato remarca que el proyecto de ley de la producción agraria sostenible tiene un problema de "denominación" con la "legalidad" europea y, además, confundiría a los consumidores respecto del conjunto de los productos agrarios catalanes. En este sentido, sostiene que a partir de 2023, los productores agrarios que accedan a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) están obligados a cumplir los Planes Estratégicos estatales de la PAC, que incluyen objetivos específicos. "Todas las producciones que cumplan con las exigencias recogidas alcanzarán ya la consideración de sostenibles. Por lo tanto, todas las producciones agrarias producidas en Catalunya, cumpliendo el mandato de la PAC, serán sostenibles", señala.

Además, Unió de Pagesos avisa también de que una futura denominación de producción agraria "sostenible" puede devaluar la consideración de la Producción Agraria Ecológica, "sometida a una certificación con unos estándares muy elevados y específicos de producción". Por otra parte, denuncia que de las 2.000 solicitudes presentadas en la medida de inversiones por mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias –en el marco del Contrato Global de Explotación del 2021– el Departamento sólo ha hecho público que ha resuelto favorablemente 429.

Acción Climática sólo acabará atendiendo en torno a un 25% de las solicitudes un año y medio después de acabar el plazo para acceder a estas ayudas. Estas solicitudes resueltas suponen 13,89 millones de euros, del total de 16,95 millones de euros que el Departamento destina para este fin, una dotación baja, ya que sólo cubrirá unas 500 solicitudes y dejará colgadas 1.500", lamenta. Un hecho que, asegura, ha obligado a los agricultores que pedían ayudas para inversiones en autoconsumo de energías renovables (800 de las 2.000 solicitudes) a ir a la línea de ayudas del Institut Català d'Energia (ICAEN) y al sindicato "no le consta que haya aprobado tampoco ninguno todavía en esta otra línea de ayudas".