El Congreso deroga la prohibición de quemar restos vegetales para los agricultores
Será efectivo a partir del 2 de enero y el veto generalizado sólo afectará a medias y grandes empresas
Imagen de archivo de una protesta contra el veto a las quemas ante la subdelegación del gobierno español en Lleida.
El Congreso de Diputados ha aprobado liberar a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales de menos de 50 trabajadores o menos de 10 millones de euros de facturación de la prohibición generalizada de quemar restos de poda y vegetales, a través de la Ley de gestión de la Política Agraria Común (PAC). Según el sindicato Unión de Pagesos (UP), eso supone la práctica derogación de esta prohibición para los agricultores a partir del 2 de enero. En este sentido, recuerdan que la organización ha trabajado desde abril para girar una prohibición que siempre han considerado que estaba "fuera de lugar" y que cargaba de costes la actividad agraria porque obligaba a trasladar los restos en centros de tratamiento o alquilar o comprar máquinas trituradoras.
La última aportación sindical fue el 23 de noviembre en las negociaciones entre los grupos políticos en el Senado, porque el PSOE quería dar marcha atrás en esta derogación, pero según UP, el hecho de insistir por parte del sindicato, consiguió que los grupos políticos eximieran al campesinado, ya que la prohibición generalizada sólo afectará a medias y grandes empresas.
Unió de Pagesos también ha incidido para que la Ley de gestión de la PAC recién aprobada exima a los agricultores y ganaderos de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por las subvenciones vinculadas a los eco-regímenes. Eso es que estas subvenciones de política agraria comunitaria no se integren en la base imponible de este impuesto. Los eco-regímenes de la PAC, que entra en vigor en 2023, son ayudas para prácticas voluntarias en favor del clima y el medio ambiente que sólo compensan parcialmente la aportación ambiental efectuada por el agricultor.
Este jueves, con la aprobación de la Ley de gestión de la PAC, el Congreso también ha convalidado, ya que la enmienda no fue modificada en el Senado, la propuesta de UP para asegurar el derecho del campesinado afectado por la brecha digital a la transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos. Por lo tanto, también a partir del 2 de enero, se superarán las discriminaciones y vulneraciones de derechos que la Generalitat impone a los trámites telemáticos a los agricultores.
