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AGRICULTURA POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Recortarán las ayudas de la PAC por infracciones laborales

Con recortes de las subvenciones del 3 al 100% en España || A partir de 2024, aplicando la “condición social” de la norma

El trato laboral condicionará la entrega de ayudas de la PAC.

El trato laboral condicionará la entrega de ayudas de la PAC.SEGRE

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Las explotaciones españolas que incumplan las normas laborales verán reducidas sus ayudas al menos un 3 por ciento e incluso hasta 100% a partir de 2024, con la aplicación de la “condición social” de la Política Agraria Común (PAC), una de sus mayores novedades. España adelantará un año la “condicionalidad social” de la PAC, que será obligatoria en toda la Unión Europea (UE) en 2025, voluntaria desde este mismo 2023, y que consiste en vincular las subvenciones al respeto a los derechos laborales, al igual que se hace con los requisitos medioambientales o agronómicos.Dentro de los reales decretos sobre la nueva PAC, el Gobierno español alude a esa condición social y detalla una serie de prácticas laborales que deberán cumplir los empresarios agrícolas, cuyo incumplimiento será sancionado con una rebaja parcial o total del importe de la ayuda.“Las reducciones serán por norma general del 3 por ciento del total de las ayudas a las que la explotación tuviera derecho en el año en cuestión, en atención a la gravedad, alcance y persistencia del incumplimiento”, según la regulación española.“No obstante, (estas reducciones) podrán ser mayores en los casos de reiteración o incluso llegar al 100% en los casos de intencionalidad de los incumplimientos, incluidos los relativos a los requisitos medioambientales”, de acuerdo con las normas españolas de gestión de la PAC.Como exigencias de condicionalidad social –basadas en la actual legislación española laboral– figuran: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, el deber del empresario de garantizar la seguridad de los empleados y de protegerlos, así como de proporcionar servicios de prevención. España es el tercer país de la Unión Europea (UE) que se beneficia más de la Política Agraria Común, por detrás de Francia y de Alemania, con una dotación de 7.100 millones de euros anuales para los agricultores y los ganaderos.

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