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AGRICULTURA SUCESOS

Investigan fraude en ayudas de un sindicato agrario

Las pesquisas fueron iniciadas en Sevilla y hay 42 encausados || Requerimientos a diferentes sedes, entre ellas en Catalunya

El secretario general de COAG, Miguel Padilla Campoy.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla Campoy.EUROPA PRESS

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Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea, bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional y tras unas pesquisas iniciadas por un Juzgado de Instrucción de Sevilla, han destapado un supuesto fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito estatal. La agencia Efe apunta que se trata de COAG. Según la Policía Nacional, hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en la sede estatal de Madrid y en la regional de Andalucía.

Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Catalunya. Como publicó SEGRE en octubre pasado, agentes de la Policía registraron la sede de JARC en Lleida. El presidente de la organización catalana, Joan Carles Massot, ofreció toda su colaboración y se mostró tranquilo, defendiendo que habían hecho “las cosas bien”.

Según Europa Press, el exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel estatal ha revelado la existencia de múltiples supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas, según los investigadores.La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla, que posteriormente remitió las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación; y a raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito estatal. En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades que no se habían llevado a cabo, cuya ejecución se encontraba subvencionada.

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