“Nueva burocracia reducirá un 11% los ingresos de las granjas porcinas”

JARC-COAG denuncia que el aluvión de normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal están provocando el desconcierto y la incertidumbre entre los ganaderos de porcino. Afirma que el “tsunami burocrático que se cierne sobre el sector supondrá una reducción de ingresos del 11% para las granjas de porcino (pérdidas de 8.000 euros anuales en una granja tipo de 2.000 cerdos en modelo de integración)”. Está previsto que las nuevas exigencias entren en vigor en 2024 para las granjas existentes y reclama un periodo transitorio superior a los dos años para que la normativa española y comunitaria no se solapen en el tiempo.

La aplicación estricta de las normas, junto con los propios esfuerzos de los ganaderos para ir más allá de los requisitos legales, ha dado lugar a que en España se tenga una de las exigencias de bienestar animal más estrictas del mundo, afirma la organización agraria. No obstante, a nivel europeo, dentro del contexto de la Estrategia De la granja a la mesa se tomó la iniciativa de revisar la legislación en materia de bienestar animal al completo. En concreto, se prevé una actualización con nuevas exigencias para los animales en granja, en la regulación del transporte de los animales, procedimientos en el sacrificio y etiquetado.

Por otro lado, a nivel estatal ha entrado en vigor la modificación del Real Decreto 1135/2002 que implica, o bien una reducción de la densidad en las granjas entre un 7 y un 12%, o afrontar unas inversiones para una posible ampliación de las explotaciones que, además de gastos, conlleva unos trámites burocráticos imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido, alerta JARC-COAG. Asegura que el ministerio ha aprovechado la “oportunidad” que ofrece el Reglamento 2017/625 para abrir la puerta a que las autoridades competentes puedan tener en cuenta resultados de auditorías de empresas privadas para sus propios controles oficiales. “Son cargas administrativas desproporcionadas e irracionales que no supondrán mejoras reales en la aplicación de las normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal”, afirma el responsable del sector porcino de JARC y de COAG, el leridano Jaume Bernis.

Considera que todos los esfuerzos e inversiones que hagan los ganaderos para adaptarse a las exigencias de la normativa estatal pueden no servir para nada si en unos años llega otra actualización desde Europa.