Siete empresas agrícolas de Lleida han presentado ERE este verano por la sequía
Los alojamientos para temporeros durante la campaña de la fruta han registrado una ocupación media del 42%
La sequía ha obligado a siete empresas del llano de Lleida a presentar expedientes de regulación de empleo con una afectación de 26 trabajadores. Así se ha dicho en la última reunión de la Comisión de Coordinación de la Campaña Agraria de este año que se ha celebrado en la delegación del Govern. Otro dato que se ha puesto de manifiesto es que la media de ocupación desde junio hasta septiembre de los diferentes alojamientos públicos para temporeros ha sido del 42% con un pico máximo de ocupación conjunto del 67%. La delegada Montse Bergés ha hecho una valoración "muy positiva" desde la vertiente organizativa de la campaña a pesar de lamentar que ha estado marcada por las restricciones en el regadío. También se ha destacado las dificultades puntuales para encontrar trabajadores. Los alojamientos públicos para temporeros que trabajan en la campaña de la fruta en Ponent se encuentran en Alcarràs, Torres de Segre, Soses, en Lleida (Fira de Lleida y pisos), Bell-lloc d'Urgell y Bellpuig.
Con respecto a las ayudas a la contratación de proximidad con alojamiento, el SOC ha recibido hasta fecha de hoy 606 solicitudes por parte de productores de la veguería de Ponent, una cifra que se prevé que llegue a los 700 cuando acabe el plazo de presentación de solicitudes, el 31 de octubre. La temporada anterior el número total fue de 588. Estos contratos tienen que estar formalizados con personas desocupadas o personas afectadas por expedientes de regulación temporal de ocupación y empadronadas a menos de 40 kilómetros de distancia del lugar donde tengan que realizar los trabajos agrícolas, o bien tener un alojamiento que les haya facilitado el empresario dentro de este radio. Los contratantes recibirán 90 euros por semana por trabajador, con un máximo de cuatro semanas y de cinco personas contratadas.
Los integrantes de la Comisión de Coordinación de la Campaña Agraria han coincidido en destacar la tarea llevada a cabo por los 66 agentes dinamizadores de la campaña que, contratados a través de planes de empleo del SOC, han trabajado en ayuntamientos, consejos comarcales y entidades agrarias y sindicatos, para atender a las personas trabajadoras temporeras en la búsqueda de trabajo; dar apoyo e información sobre temas laborales, seguridad social, extranjería, antirracismo, violencia machista y salud, asistir a los productores agrarios en la gestión de la campaña, y colaborar en la recogida de datos sobre ocupación de alojamientos públicos.
Últimos pasos para la convocatoria de ayudas para alojamientos privados
Bergés ha explicado que el proceso de habilitación de una convocatoria de ayudas para la construcción de nuevos alojamientos privados y la ampliación y rehabilitación de los ya existentes para personas trabajadoras temporeras de las campañas agrarias está llegando en la parte final de su tramitación, a la espera de contar con la opinión técnica del Colegio de Arquitectos. Una vez recibido, se hará partícipe en el sector y culminará el procedimiento de publicación de las bases y de la convocatoria en el DOGC. Esta línea de subvenciones, impulsada por el Departamento de Acción Climática, con el apoyo de Presidencia, Empresa y Trabajo, Derechos Sociales, y Territorio, contará con una dotación de 1,5 millones de euros. Aunque será de alcance catalán, una parte importante de las ayudas revertirá en la mejora de la disponibilidad de alojamientos en la veguería. La última línea de subvenciones para este concepto fue habilitada en el 2006, con una dotación de 380.000 euros.
Dificultades para encontrar trabajadores
En la reunión también se ha puesto de manifiesto que en algunos momentos de la campaña ha habido algunas dificultades para poder encontrar suficientes trabajadores. En este sentido, han reclamado al gobierno español cambios en la ley de inmigración que faciliten la contratación de trabajadores temporeros que van enlazando campañas agrarias por todo el Estado. La Comisión de Coordinación está formada por los directores y otros responsables de servicios territoriales de departamentos del Govern y por representantes de la Diputación de Lleida, del Ayuntamiento de Lleida, y de los municipios del Baix Segre, de los consejos comarcales, de la subdelegación del gobierno español, de las organizaciones agrarias y sindicatos, de Afrucat, de la FCAC y de las entidades sociales Cruz Roja, Cáritas y Arrels.