AGRICULTURA ORGANIZACIÓN
La FCAC rechaza el cese de su consejo que piden los críticos
Recuerda que su elección se hace mediante procesos democráticos
Las cooperativas disidentes reclaman dar paso a los jóvenes
El consejo rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) defiende que la elección y el cese de los representantes de la entidad debe hacerse mediante los mecanismos y procesos democráticos aprobados en la asamblea general, para garantizar el respeto a la voluntad de las cooperativas asociadas. Lo hace después de las cinco de Lleida que solicitaron la baja de la entidad (Agrària i SC Sant Roc d’Albesa, Fruitera i SC de Torrelameu, Fruitera de Corbins i SC, Agrícola i SC d’Alcoletge, y Camp Sant Faust d’Alguaire) pusieran como una de las condiciones para volver a la FCAC el cese de miembros del consejo rector. Como ya avanzó SEGRE, ambas partes se reunieron el jueves por la tarde, para escuchar las posiciones de cada bando, tras las discrepancias surgidas a raíz de las protestas del sector agrícola del 6 de febrero. Desde la FCAC señalan que aunque las cooperativas molestas afirmaron que esta sensación “viene de lejos”, en ningún momento se había trasladado a la entidad, ni de forma formal ni informal, pese a los “numerosos canales que tienen a su alcance”.
En el documento con las peticiones que las cooperativas críticas presentaron a la organización, se pide al consejo rector que dé un paso al lado para facilitar el relevo generacional y dar paso a jóvenes agricultores y ganaderos, que apuntan que han de ser el futuro tanto del sector primario como de la entidad, en una clara alusión a Ramon Sarroca, presidente de la FCAC.En relación a otras cuestiones planteadas por las 5 cooperativas como la ayuda de “mínimos” que denuncian se aprobó para hacer frente a las heladas de 2022, la FCAC dice que no es cierto que la ayuda fuera igual para todas las cooperativas afectadas. Apuntan que una ayuda de mínimos es aquella que se establece como medida urgente para aportar oxígeno ante una situación grave, que no es elevada y que, por este motivo, se puede gestionar a nivel autonómico o estatal en un corto período de tiempo y sin tener que esperar a la autorización de la CE.