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LLEIDA/FRAGA

La campaña de la fruta tensiona los servicios municipales en el Baix Segre y el Baix Cinca

Aitona pide más seguridad y personal ante el aumento de la población y Seròs critica el abandono de la Generalitat y el Gobierno

Fraga abre un albergue de 40 plazas para evitar las pernoctaciones al raso

Fraga va inaugurar ahir un allotjament amb capacitat per a 40 persones per acollir de manera transitòria temporers a la recerca de treball.

Fraga inauguró ayer un alojamiento con capacidad para 40 personas para acoger de manera transitoria a temporeros en busca de empleo. - JORDI ECHEVARRÍA

Lleida

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“No es un problema, es una realidad que nos toca vivir en un pueblo que vive de la fruta”, explica Rosa Pujol, alcaldesa de Aitona, uno de los municipios que en los próximos meses va a “duplicar, o más”, su población por la afluencia de trabajadores de temporada.

Eso supone que aumentan el consumo de agua y la generación de residuos, lo que obliga a reforzar esos servicios municipales. Aunque no es ese el principal problema que afronta el municipio: “lo que necesitamos es gente que haga calle”, señala Pujol, que apunta a la necesidad de disponer de más dinamizadores sociales, cuyo refuerzo depende de la Generalitat, y de personal dedicado a la limpieza de callea. No obstante, añade, “llevamos tanto tiempo viviéndolo que ya empezamos a saberlo gestionar”.

Y, también más seguridad por el aumento de la población flotante, que puede llegar a rondar las 3.000 personas en Aitona: “los Mossos deberían aumentar la dotación y prestar servicio de manera continua las 24 horas en el municipio”, reclama.

Josep Antoni Romia, alcalde de Seròs, donde varios temporeros duermen en la calle desde hace unos días por falta de alojamiento, y de empleo que les dé acceso, critica que “las autoridades superiores, Generalitat y Gobierno, no hacen nada y nos dejan el pastel a los pueblos”. “Hay mucha gente sin papeles, y no se les puede dar empleo ni techo. El ayuntamiento no tiene recursos para organizar ningún dispositivo. Como siempre, nos dejan abandonados”, añade Romia.

Fraga va inaugurar ahir un allotjament amb capacitat per a 40 persones per acollir de manera transitòria temporers a la recerca de treball.

Un grupo de transeúntes en busca de empleo, ayer junto a la estación de autobuses de Fraga.

También comienza a aumentar la afluencia de temporeros en Fraga, donde el ayuntamiento y Cáritas han puesto en marcha un complejo de cuatro viviendas prefabricadas con 40 plazas que servirán de alojamiento transitorio para temporeros entre su llegada a la ciudad y su incorporación a los trabajos, que conlleva para los empresarios la obligación de alojarlos. “Nos vamos a salir del presupuesto, pero lo principal es que las personas esté bien y que los técnicos puedan atenderlas”, dijo Amparo Tierz, directora del organismo diocesano en Barbastro-Monzón. “Este proyecto supone para Fraga un avance en un tema que ha estado enquistado durante muchísimos años”, señaló el alcalde, Ignacio Gramún

En el último mes han pasado por el albergue 80 jornaleros, mientras que la previsión de uso de las nuevas viviendas es de 350 hasta septiembre.

¿Qué presión demográfica, y de demanda de servicios, genera la campaña de la fruta? Hay consenso en que de mayo a septiembre la población crece en el Baix Cinca entre 8.000 y 10.000 personas y de 20.000 a 25.000 en el Segrià, el Pla, el Urgell, Les Garrigues y la Noguera.

Quejas por el escaso chequeo de los contratos en la Seguridad Social

La picaresca de la documentación prestada, que consiste en la entrega por parte de un trabajador sin papeles de la identificación de otro que los tiene en regla para que sea este último quien figure como contrado, comienza a menudear en la campaña de la fruta. Eso, según apuntan desde las organizaciones agrarias, pone de manifiesto la laxitud de los controles que llevan a cabo la Seguridad Social y los servicios de empleo autonómicos, puesto que se acaba visando la contratación de alguien que ya está trabajando en otra comunidad. Esas prácticas exponen al empresario a multas de 3.000 a 10.000 euros si son detectadas por la Inspección.

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