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La ley del nuevo Fondo Agrario y Ganadero, primera de la legislatura

Recibirá parte de los ingresos de los impuestos a la energía nuclear. Unió de Pagesos estima que contará con unos 45 millones de euros anuales para el sector

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en el pleno del Parlament de ayer. - PARLAMENT DE CATALUNYA

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El Parlament aprobó ayer la ley de creación de un Fondo Agrario y Ganadero de Catalunya, propuesta por el PSC-Units, con el objetivo de dotar de financiación adicional las inversiones en explotaciones agrarias dentro de la programación de desarrollo rural en Catalunya. El fondo se nutrirá en parte con un 30% de los ingresos relacionados con el impuesto sobre las actividades de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear. Unió de Pagesos estima un presupuesto de unos 45 millones de euros anuales. Las ayudas deben servir, según UP, para facilitar inversiones en las explotaciones agrarias, favorecer el relevo generacional y, de cara al próximo año, incluir fondos para hacer frente a los daños causados por adversidades climáticas como la sequía. Con la aprobación de ayer, el aumento de presupuesto ya podrá ser efectivo en los presupuestos de 2025, según la organización agraria. La propuesta pretende también ofrecer una nueva línea de ayudas para mejorar y modernizar regadíos en zonas privadas de riego.

En el debate de la propuesta, el diputado del PSC-Units Joaquim Paladella celebró que la ley dote al sector agrícola y ganadero de “herramientas para competir con igualdad de condiciones con otros productores de alimentos de toda Europa”. La diputada de Junts Irene Negre propuso que la ley contemple un órgano con representantes de las principales asociaciones del primer sector, a lo que la diputada de ERC Montse Bergés pidió discutirlo más adelante para encontrar un mayor consenso, a la vez que emplazó a los grupos a aumentar la dotación prevista para el fondo. El diputado de PP Jaume Veray apoyó la propuesta para incrementar la dotación al fondo, pero advirtió de que, si se mantiene la previsión de poner fin a la energía nuclear en 2031, puede quedarse sin recursos. Desde la CUP, Dani Cornellà lamentó que “el sistema económico que controla la política de aquí y de Europa es perverso y está en manos de unos pocos intereses”, en referencia al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Núria Lozano (Comuns) enmarcó el fondo como una contribución a una política estructural orientada al primer sector. Vox dijo que apoya el sector primario pero “no a cualquier precio. Ni contenido ideológico ni fanatismo climático”. Aliança Catalana apoyó el fondo al tiempo que criticó el acuerdo UE-MErcosur y pidió más aranceles.

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