LABORAL AGRICULTURA
El campo celebra la vuelta de los contratos temporales
Afirman que agilizará el trabajo y reducirá la burocracia. Lamentan que se limite su duración a 90 días anuales
Las principales organizaciones agrarias celebraron ayer que se vaya a permitir a agricultores hacer contratos eventuales a temporeros, sin verse obligados a hacerlos fijos discontinuos, pero pidieron no limitar la medida a 90 días anuales. El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, celebró la medida porque, afirmó, agilizará las contrataciones y rebajará “un poco” la burocracia. En este sentido, recordó la problemática que conllevaba tener que contactar con los fijos discontinuos año tras año, dado que muchos casos pueden haber cambiado de teléfono o estar fuera del país. “Si no responden en 72 horas hay que darles de baja y buscar otro, con la carga de tiempo y dinero que conlleva”, explicó. En la misma línea se pronunció el presidente de JARC, Joan Carles Massot, que defendió “flexibilizar” las contrataciones a las necesidades del campo. Por su parte, el coordinador de Unión de Pagesos, Joan Caball, afirmó que aunque la medida es positiva, el hecho de que se limite a 90 beneficiará a pequeños agricultores, pero no será suficiente para las grandes explotaciones, por eso pidió ir más allá. La norma podría ser aprobada entre enero y febrero, dijo el diputado de Junts por Lleida Isidre Gavín.
Asoprovac se une a la protesta contra el pacto UE-Mercosur
■ La asociación de productores de vacuno de carne Asoprovac se unirá a la manifestación que el lunes han convocado diferentes organizaciones agrarias, entre ellas Coag y Asaja, en contra del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay–. Y es que el sector bovino podría ser uno de los más perjudicados por el acuerdo, según denunció ayer Asaja, que recordó que la liberación prevista en el tratado permitirá la entrada masiva de 99.000 toneladas de carne de vacuno de estos países suramericanos, producida bajo unos estándares muy inferiores a los exigidos en Europa, lo que, denuncian, pone en peligro la viabilidad de más de 135.000 explotaciones españolas.