El incremento de superficie, nuevo problema para el sector porcino

El responsable del sector porcino de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Jordi Siscart, afirmó ayer que la nueva normativa de bienestar animal del ministerio de Agricultura supone un grave problema para las explotaciones. El real decreto, que debe entrar en vigor el 8 de marzo y que es más restrictivo que la normativa marcada por la Unión Europea, incrementa la superficie exigida por animal y, con ello, las explotaciones se verán obligadas a reducir el número de cabezas o verse forzados a inversiones, explicó. Por ejemplo, un animal cebado de entre 85 y 110 kilos deberá tener una superficie de al menos 0,74 metros cuadrados, frente a los 0,65 actuales.

Con estas exigencias, JARC advierte que la reforma puede traducirse en una reducción de la cabaña de un 10%. “Ante esta normativa solo tienes dos soluciones: o reduces animales en la granja para cumplir con las nuevas exigencias, o haces reformas y una ampliación, en el caso que puedas. El ayuntamiento puede convalidarte o no esa ampliación. Pero también puede ocurrir que con la reforma, ya no cumplas la norma de los mil metros de distancia entre granjas, en cuyo caso será la conselleria la que no dará los permisos”, afirmó.

En esta línea, reclamó la derogación del decreto o, en su caso, una moratoria de unos dos años. En ese plazo, según COAG, organización de la que forma parte JARC, Bruselas podría poner en marcha una nueva normativa de bienestar animal. Puede darse el caso, afirma Siscart, que “ahora acometamos reformas y emprendamos inversiones por el real decreto del ministerio que no sirvan en un futuro a muy corto plazo”.

En este contexto, JARC recuerda las medidas que sector porcino ha implementado por propia iniciativa para mejorar el bienestar animal y la sostenibilidad de producción: la reducción del consumo de antibióticos un 47%, las emisiones de gases invernadero un 42,9% y un 30% la huella hídrica. Además, apunta otras prioridades, como reforzar la protección sanitaria, en especial ante la peste porcina, facilitar inversiones para reducir la huella ambiental, reducir la carga burocrática o asegurar la planta de cogeneración de Alcarràs.

Califica de desproporcionada la subida de precio de los seguros

JARC afirma que las explotaciones de fruta dulce están “en una situación límite a causa de un incremento abusivo en las primas de los seguros agrarios, que oscila entre el 25% y el 50%, y sin una justificación clara en la mayoría de casos”. Cree que podría responder a un recargo establecido de forma interna por Agroseguro y la aplicación de la tabla de penalizaciones. Ve “serias dudas sobre si se contabilizan siniestros que la aseguradora se había comprometido a excluir, como los derivados de las heladas de 2022”. Afirma que esta escalada se ve agravada por “las nuevas condiciones de subvención impuestas por ENESA, que han eliminado ayudas a los recargos, reducido la subvención base y limitado su tarifa subvencionable al 20%. Es otro golpe para los payeses, que ven cómo se multiplican sus gastos mientras siguen afrontando riesgos climáticos cada vez más frecuentes”.