Las instituciones amplían y avanzan este año las ayudas para la acogida de temporeros

Las principales administraciones han empezado este año a activar los programas relacionados con la campaña de la fruta y la acogida de los temporeros con tiempo suficiente como para evitar los conflictos institucionles del año pasado.

Por una parte, la Generalitat abrió ya en diciembre la convocatoria de ayudas del SOC (Servicio de Ocupación) para que los ayuntamientos puedan contratar agentes de dinamización y mediación, un personal que los consistorios consideran necesario tener en primavera y que el año pasado llegó en algunos casos a finales de agosto. El martes, además, abonó 709.967,80 euros a catorce entidades y particulares que el año pasado construyeron o acondicionaron alojamientos para temporeros. Prepara para este trimestre una nueva convocatoria con una dotación de 1,4 millones de euros que cubrirá hasta el 50% del coste de las actuaciones.

En el caso de la diputación de Lleida, el pleno aprobó ayer por unanimidad el Plan de Cooperación Municipal, que regula las ayudas a los municipios para hacer frente a los gastos extraordinarios que les genera el aumento de la población por la afluencia de temporeros, 22.000 el año pasado de los que 2.500 vivían en Lleida.

El programa, dotado con 600.000 euros tras un aumento del 50% con respecto al año pasado, mantiene una asignación lineal para Lleida ciudad (195.000 €), sigue teniendo en cuenta la disponibilidad de albergues de titularidad pública y rebaja las exigencias en dos factores clave: de 700 a 400 hectáreas de fruta de hueso y de 350 a 200 contratos en el municipio. Esas modificaciones permiten ampliar de 28 a 35 el número de municipios que pueden optar a los fondos.

“Es una mejora sustancial que permitirá mejorar la respuesta a las necesidades”, dijo Fermí Masot, diputado responsable del área de cooperación. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de incrementar la dotación.

La agilización de esos programas no afecta, no obstante, a otras áreas como la atención sanitaria, cuyo refuerzo reclaman año tras año los alcaldes.

Acuerdo para poder inspeccionar bares y tiendas en los pueblos

El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad una moción de Junts-Impulsem que propone que la corporación provincial subvencione a través de los consells comarcals el personal necesario para que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (el 90% de los de la demarcación) puedan desempeñar las inspecciones de salud pública que desde 2019 deben realizar en locales de hostelería y de venta de alimentos al por menor y en establecimientos de tattoo y de piercing, entre otros, después de que la Generalitatb dejara de hacerlo por delegación. La resolución también propone que el área de Salud Pública de la institución “asesore y acompañe” en esa tarea. Los grupos políticos coincidieron en el debate en que ese cambio ha tenido como consecuencia que ese tipo de supervisiones no se están llevando a cabo en la mayoría de las localidades de menos de 5.000 vecinos por la imposibilidad material que encuentran los ayuntamientos para desarrollarlos. “Garantizar la salud pública no es solo una cuestión de legalidad sino de seguridad”, dijo Cristina Morón, del PSC.

Reducen la discrecionalidad en el reparto de las subvenciones

“Hemos limitado las ayudas discrecionales y hemos establecido criterios y hemos eliminado las causas de amistad, algo que algunos alcaldes habían padecido directamente”, señaló ayer el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, tras ofrecerle Rosa Perelló, de Junts-Impulsem, un voto “crítico y al mismo tiempo de confianza” para apoyar el Plan Estratégico de Subvenciones, tramitado de urgencia en la comisión de Presidencia y aprobado ayer en el pleno. “Confíamos en que el año que viene no se repita y podamos trabajar juntos” en este programa, añadió la juntaire, a lo que se mostró abierto el presidente en su réplica. El plan tiene una dotación de 102,5 millones, 66,5 para ser distribuidos como transferencias corrientes (gasto) y 35,9 como transferencias de capital (inversión), y crece un 11,79% en relación con el año anterior. El 27,9% se repartirá en líneas de concurrencia (lo solicitan las entidades locales), el 45% son ayudas nominativas (tienen destinatario de salida) y el resto es de carácter discrecional, para atender situaciones concretas.