El real decreto del porcino puede costar 150 millones a Lleida y Huesca

El nuevo real decreto de bienestar animal del porcino puede costar unos 150 millones de euros a los sectores de Lleida y Huesca, que lideran la producción en España, al reducir del 10 al 15% la carga ganadera de las granjas. Así lo afirmaron ayer los líderes de Asaja en Lleida, Pere Roqué, y Huesca, Ramón Solanilla, en la capital oscense y urgieron una moratoria de la normativa, que debería entrar en vigor el 8 de marzo, hasta finales de año. En ese plazo, explicaron, se debería acordar una modificación. JARC también urge una moratoria y UP reclama al ministerio que la norma no haga perder la capacidad productiva. Los requisitos del ministerio supondrán que las explotaciones se verán obligadas a reducir el número de cabezas o a hacer importantes inversiones. Por ejemplo, un animal cebado de entre 85 y 110 kilos deberá tener una superficie de al menos 0,74 metros cuadrados, frente a los 0,65 actuales. Asaja Lleida y Huesca, que amenazan con movilizaciones, afirman que la norma supondría que 800.000 animales menos que saldrían de las explotaciones porcinas en estas zonas. Entre Aragón y Catalunya serían un 1,5 millones de cerdos menos y una bajada de 160.000 toneladas de carne.

Por otro lado, Roqué y Solanilla advirtieron de problemas en las exportaciones de vacuno, entre otros aspectos, por la rebaja en el tiempo de la validez de analíticas sobre enfermedades respiratorias de 30 a 15 días. “Los barcos pueden tener problemas y el tiempo del PCR es escaso. Por ejemplo, en la zona de Tamarit de Llitera la semana pasada por cuestiones técnicas tuvo un retraso el barco y el ganado previsto para enviar tiene que volver a realizar las analíticas. Esto supone para el ganadero un incremento de costes directos de 30.000 euros, más otros gastos generados, más los incumplimientos en el mercado”, recalcó Solanilla. Advirtió que Marruecos está importando de Brasil y que Lleida y Huesca pueden perder este mercado.

Asimismo, Pereo Roqué alertó que el incremento en el coste del seguro se está traduciendo en fruticultores que no pueden afrontar el coste y no están renovando las pólizas. Por ello, reclaman que Enesa que revierta el recorte de fondos que ha aplicado este año.