El Poal reclama un colegio tras 50 años de clases en el ayuntamiento

Unos cincuenta vecinos de El Poal se manifestaron ayer para reclamar un nuevo colegio de educación Primaria, después de 50 años en que los niños han recibido clases en los bajos del edificio del ayuntamiento.

El inmueble acoge también el consultorio médico y, por primera vez este año, una guardería rural. La presidenta de la asociación de madres y padres de alumnos (Ampa), Isabel Santacreu, señaló que los estudiantes “tienen que salir a la calle para ir de una clase a otra”. Por su parte, el alcalde, Rafel Panadés, recordó que el consistorio destinó 317.000 euros en ayudas del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya a urbanizar los terrenos cedidos a Enseñanza para edificar la futura escuela.

La localidad reclama que ha llegado su momento después de inaugurarse en el Pla la escuela de Sidamon

Reñé prevé mantener las subvenciones, que benefician también a 163 guarderías municipales

“En 2011 dimos el permiso a la conselleria para que iniciase las obras, y desde entonces todo sigue igual”, indicó el primer edil. “Es el momento de avanzar”, añadió Panadés, para quien, tras la inauguración este mismo mes de la muy reivindicadas escuela de Sidamon, ahora en el Pla d’Urgell es el turno de El Poal. “Tanto el consistorio como la dirección del centro estamos en contacto permanente con Enseñanza para insistir que las escuela se haga los más pronto posible”, recalcó.

El centro iniciará el curso con 37 alumnos inscritos. El alcalde explicó que el próximo curso 2017-2018 se espera llegar a los 21 alumnos en el aula de educación Infantil y aseguró que “no tenemos espacio” para poder acogerlos en las instalaciones actuales.

Del mismo modo, apuntó que “el ayuntamiento no puede ampliar sus dependencias a la planta baja”, ocupada por las aulas. “Si la falta de espacio es un criterio del departamento de Enseñanza a la hora de decidir la construcción de un nuevo centro, El Poal es un claro ejemplo de esta situación”, subrayó.

La reivindicación de El Poal se suma a la que mantienen desde hace años el ayuntamiento y las familias de alumnos del colegio de Almenar, si bien en este caso el consistorio espera que la conselleria de Enseñanza pueda iniciar por fin las obras entre finales de este año y principios del próximo. La protesta organizada ayer en la localidad del Pla se suma a otros conflictos que han precedido al inicio del curso en las comarcas leridanas, algunos de los cuales están ya resueltos.

Así, las familias de alumnos del colegio Vall Fosca (Pallars Jussà) han desconvocado las protestas previstas para mañana, después de que el profesor al que vetaban haya solicitado el traslado a otro centro. Por su parte, las familias de El Cogul que rechazaban el traslado de los niños a Castelldans tras el cierre del colegio de su municipio han aceptado llevarlos a Les Borges.

lleida

El presidente de la la Diputación, Joan Reñé, tiene previsto mantener el apoyo a las familias en materia de subvenciones a escolares de municipios de Lleida, según fuentes de la corporación provincial. En los últimos 5 años, la Diputación ha aportado 16,8 millones de euros a este tipo de ayudas, en buena parte supliendo la falta de liquidez de la Generalitat en esta materia. De esta forma, en este lustro, ha destinado 2.256.000 euros a ayudas al transporte escolar no obligatorio, que gestionan en Catalunya los consells comarcales. A estos se suman otros 729.000 euros en ayudas al comedor escolar, lo que equivale a un tercio del coste del comedor de los niños que viven en municipios pequeños sin escuela y que deben desplazarse al colegio de otra población en su mismo municipio. Las familias pagarán un máximo de 3,10 euros del precio del menú diario del comedor escolar, independientemente de lo que cueste. Cabe señalar que la ley estatal establece la obligatoriedad de conceder ayudas al comedor y el transporte escolar en el caso de alumnos que deban desplazarse a otros municipios para recibir educación. Sin embargo, tradicionalmente la Generalitat había cubierto las ayudas para el resto de casos, ya que había detectado que numerosas familias (de hasta 600 estudiantes en Lleida) cuyos hijos deben desplazarse a otro núcleo de población situado en el mismo municipio sin tener derecho a subvención. Sin embargo, la Generalitat dejó de hacer estas aportaciones por falta de dinero y la Diputación las sustituyó.

Además, la corporación ha destinado en el último lustro otros 13,9 millones de euros a ayudar a los ayuntamientos a asumir los 875 euros por plaza matriculada de las 163 guarderías municipales que hay en 101 municipios de Lleida.